El enfrentamiento político en Washington comenzó a trasladarse a la economía real. Tras casi dos semanas de parálisis presupuestaria, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anticipó que Estados Unidos podría ingresar en "uno de los cierres más largos" de su historia si no se alcanza un acuerdo entre republicanos y demócratas.

Johnson acusó a la oposición demócrata de mantener "demandas partidistas" que impiden aprobar un presupuesto "limpio y sin condiciones" para reabrir el Gobierno y garantizar el pago a los trabajadores federales. "Los republicanos queremos negociar las asignaciones de todo el año, pero no lo haremos en salas traseras ni bajo presión", afirmó el legislador durante una conferencia en el Capitolio.

El conflicto refleja un deterioro político que ya impacta en miles de familias. El presidente Donald Trump mantiene congelado el presupuesto y avanza con una ola de despidos en distintas agencias federales. La Casa Blanca confirmó la desvinculación de más de 4.000 empleados, principalmente en los departamentos del Tesoro y de Salud y Servicios Humanos, y anticipó que los despidos continuarán en Educación, Vivienda y la Agencia de Protección Ambiental.

Los sindicatos calificaron la medida como un "abuso de poder" y solicitaron una orden judicial para frenar los despidos. "La Administración Trump utiliza el cierre como excusa para eliminar ilegalmente miles de puestos esenciales", denunció Everett Kelley, titular de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la crisis "ya empieza a afectar la economía y la vida cotidiana". Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, unos 750.000 empleados federales podrían quedar suspendidos cada día, con un costo cercano a los 400 millones de dólares diarios. 

El cierre también deja sin ingresos a 1,3 millones de soldados y a 50.000 miembros de la Guardia Costera, además de afectar programas alimentarios y sanitarios, entre ellos los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Para contener el descontento militar, Trump instruyó al Departamento de Defensa a redirigir fondos disponibles para garantizar el pago de las tropas. "Identificamos recursos para hacerlo, y el secretario Pete Hegseth los utilizará de inmediato", aseguró el mandatario. La decisión busca reducir la presión política que podría forzar un acuerdo con el Congreso, aunque solo ofrece alivio temporal.

El antecedente más extenso de un cierre federal se registró entre 2018 y 2019, también bajo la presidencia de Trump, y se prolongó durante 35 días por las disputas en torno al muro fronterizo con México.

Esta vez, la tensión política se combina con un impacto económico más visible. Un informe de Harvard CAPS/Harris indicó que el 53% de los estadounidenses responsabiliza a los republicanos por la crisis.