La reducción de jornada laboral va camino al parlamento español
La rebaja de jornada semanal a 37,5 horas viene demorada en su trámite y causa problemas en la negociación colectiva
El Consejo de Ministros de España aprobará el próximo martes 29 de mayo el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que de esta manera queda listo para ser enviado al Congreso de los Diputados para su trámite legislativo.
Así lo anunció la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la clausura del congreso de la central sindical Comisiones Obreras (CCOO) Industria, en donde pidió "convertir lo que es de sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento" para convencer a los legisladores de aprobar la norma.
El anteproyecto de ley del partido oficialista Sumar ya tuvo un primer visto bueno del Ejecutivo el 4 de febrero, tras lo que recibió el informe crítico del Consejo Económico y Social (CES) integrado por las patronales y los sindicatos. Ahora llega el turno de la negociacion parlamentaria, informa el medio español elEconomista.es.
La propia Díaz reconoce que "no va a ser fácil, vamos a tener que dejarnos la piel con inteligencia, con argumentos". Y es que Junts y PNV, socios habituales del Gobierno, se niegan a que se modifique el tiempo de trabajo a través de una ley y no mediante negociaciones colectivas entre gremios y empresas.
La luz verde del Consejo de Ministros se produjo antes de la movilización del 1 de Mayo, en las que las centrales gremiales CCOO y UGT decidieron dejar en segundo lugar a la reducción de jornada, para centrar sus críticas en la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.
El plan inicial del gobierno de Pedro Sánchez viene demorado, ya que en febrero desde el Ministerio de Trabajo estimaban que la norma llegaría al parlamento a lo sumo a principios de marzo.
Quejas
Tanto sindicalistas como empresarios comenzaron a quejarse de que el retraso está causando problemas en el ámbito laboral, debido a la dificultad de cerrar nuevos convenios con la incertidumbre de cómo quedará finalmente establecida la jornada anual.
Dado que el trámite legislativo de un proyecto de ley (las iniciativas que parten del Gobierno) suele llevar de tres a cinco meses, gremios y patronales dudan que la reducción de jornada pueda comenzar a aplicarse este año.
