La ofensiva migratoria desplegada en distintos puntos de California generó un nuevo frente de tensión en la economía estadounidense: la seguridad alimentaria. Agricultores de larga trayectoria advierten que las redadas impulsadas por el gobierno de Donald Trump afectan directamente la cadena de producción y distribución de alimentos, al comprometer el acceso a mano de obra en un sector altamente dependiente de trabajadores migrantes.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el 42% de los trabajadores agrícolas no cuenta con autorización para trabajar legalmente en el país. Esta proporción se mantuvo estable durante la última década, incluso cuando la demanda de empleo en el sector creció. De hecho, el programa de visas temporales para trabajadores del agro triplicó su volumen entre 2014 y 2024, según el Departamento de Trabajo. Aun así, la cobertura sigue siendo insuficiente para abastecer las necesidades del campo.

El sur de California concentra parte significativa de la producción nacional de cítricos, paltas y café. En esa región, los operativos migratorios generaron incertidumbre entre productores y empleados. La disminución en la disponibilidad de mano de obra impactó directamente en la capacidad de cosecha, distribución y comercialización. El riesgo no es menor: si la tendencia continúa, se prevé una baja en la producción local que podría empujar a una mayor dependencia de las importaciones.

A corto plazo, la reducción de trabajadores amenaza con paralizar haciendas y comprometer campañas enteras. La reposición de la producción podría tardar años, lo que derivaría en alzas generalizadas en los precios de frutas y verduras. A mediano plazo, el desbalance entre oferta y demanda alimentaria colocaría a Estados Unidos en una situación vulnerable frente a los mercados internacionales.

La escasez de personal no se limita a la etapa de cosecha. Transportistas, empacadores, distribuidores y comerciantes también integran la cadena alimentaria afectada. Diversos testimonios coinciden en que el temor a los operativos migratorios provocó ausentismo laboral y reconfiguró rutinas productivas. La incertidumbre también frenó inversiones y decisiones estratégicas clave para el sector.

Pese a los reclamos históricos del sector agropecuario, no existe una legislación estable que permita cubrir la demanda estructural de trabajadores. Las herramientas actuales —como el programa H-2A de visas temporales— resultan insuficientes ante la magnitud del problema. El déficit estructural de empleo en la agricultura no logró revertirse, y la población local no suple las vacantes disponibles debido a las duras condiciones laborales: jornadas extensas, trabajo físico intenso y exposición a climas extremos.