El gobierno de Panamá decidió reforzar la vigilancia marítima, después de clausurar varios pasos fronterizos en la selva del Darién para frenar la llegada de migrantes ilegales con rumbo a Estados Unidos, medida que provocó roces con su vecina Colombia.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, "ordenó el despliegue de patrulleras" de la guardia costera y de la policía fronteriza "en las costas del Caribe y Pacífico", informó su ministerio en su cuenta de la red X.

También se ordenó "la retención y entrega a las autoridades policiales o migratorias de Colombia de cualquier persona que viaje en bote con migrantes irregulares y trate de ingresar a las áreas jurisdiccionales de Panamá".

Las instrucciones fueron dictadas tras la decisión del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino, de "cerrar al menos cinco pasos en la frontera con Colombia", agregó el ministerio.

Según el gobierno panameño, lo que se busca es que los migrantes viajen de forma controlada por un "paso humanitario" a un albergue, donde son atendidos por funcionarios de Panamá y de diversos organismos internacionales.

Sin embargo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó la medida y aseguró que "los alambres de púas en la selva" solo traerán "ahogados en el mar". "La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur", agregó Petro en su cuenta de X.

El "cierre del Darién" obligará a los migrantes "a buscar otras rutas más peligrosas para seguir en su éxodo inevitable", criticó también el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998).

En 2023, más de medio millón de personas atravesaron esta ruta, pese a los grandes peligros que conlleva, como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales.

En su mayoría son venezolanos, pero también destacan los migrantes haitianos, ecuatorianos, colombianos y chinos.