Valérie Urbain, directora general del depósito de valores Euroclear, con sede en Bélgica, advirtió que llevará a la Comisión Europea (CE) y al Consejo de la UE ante los tribunales si estos ordenan la confiscación de los activos rusos congelados, según declaró en una entrevista al diario Le Monde.

Urbain manifestó su sorpresa al conocer por la prensa la intención de la UE, y advirtió acerca de los graves riesgos jurídicos y financieros que, a su juicio, conllevaría tal medida, informa RTenespañol.

Euroclear, institución financiera clave, custodia 193.000 millones de euros de activos rusos inmovilizados por varias oleadas de sanciones. La funcionaria belga insiste en que confiscar estos activos no es una opción, ya que cualquier medida que se aproxime a la confiscación sería ilegal. "Debemos estar muy atentos. [Eso iría en contra] del derecho internacional sobre los activos soberanos que pertenecen a un Estado. Rusia podría entonces emprender acciones legales", advirtió.

Este posicionamiento contrasta radicalmente con el de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, quien sostiene que utilizar estos fondos es "la forma más eficaz de sostener la defensa y la economía de Ucrania". Frente a esto, Urbain enfatizó que la confiscación no solo sería ilegal, sino que socavaría los cimientos mismos del sistema financiero global. "Lo más importante para Euroclear es la credibilidad y la confianza", afirmó. "Somos un eslabón esencial que debe permanecer infalible para la estabilidad de los mercados financieros".

Un riesgo crítico que señaló Urbain es que, si los activos se transfieren a Kiev, la deuda con el Banco Central Ruso permanecería en los libros de Euroclear, de manera que la empresa quedaría como única responsable del reembolso si se levantaran las sanciones. "¿Quién nos dará entonces los 140.000 millones de euros a devolver?", cuestionó.

Las preocupaciones de Urbain son compartidas por el primer ministro belga, Bart De Wever, quien también se opone a la confiscación. "¿Es legal? No está claro […] No puedo, ni quiero, desembolsar 140.000 millones de euros", declaró, exigiendo que los 27 Estados miembros compartan el riesgo.