La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada como querellante por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación sobre las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal, al cual responde Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Esta decisión significa que Cristina tiene la posibilidad de presentar pruebas sobre la causa y seguir de cerca la actuación de la fiscalía, que es quien actúa de oficio. Así, la querella puede participar de la investigación, sin tener decisión sobre las sentencias.

La presentación para que la vicepresidenta sea tenida por querellante fue hecha por uno de los abogados que la representa, José Manuel Ubeira, quien además pidió este martes que se investigue el financiamiento de Revolución Federal.

En este marco, Ubeira consideró que los aportes al espacio político fueron realizados por la familia del exministro de Finanzas del Gobierno de Cambiemos, Luis Caputo. 

Así, Ubeira argumentó: "Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den".

En un expediente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se detectaron una serie de pagos millonarios a Jonathan Morel, el joven carpintero de Bulogne y líder de Revolución Federal, estimados en 8 millones de pesos por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma "Caputo Hermanos".

Ante esto, Ubeira afirmó que "antes de funcionar esta carpintería en la localidad de Bulogne era un centro de jubilados al que asistía Macri", por lo que adelantó que pedirá informes sobre ese inmueble.

Esta semana, Morel reconoció en diálogo con El Destape que él, su socia y su expareja recibieron pagos millonarios por parte de dos fideicomisos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos.

Jonathan Morel tiene 23 años y habría sido contratado para hacer un trabajo en un hotel de Neuquén que sería un emprendimiento de Caputo Hermanos. Foto: Revista Anfibia

"Morel no quiso precisar los montos, pero sí reveló un detalle hasta ahora desconocido: la persona que lo contrató fue Rossana Pía Caputo, una de las socias de 'Caputo Hermanos'", agregó la nota publicada por el portal de noticias.

Los pagos recibidos por Morel y sus supuestas socias se habrían concretado entre diciembre del 2021 y agosto del 2022 y están bajo la mira de la justicia en el marco de un expediente que se encuentra bajo secreto de sumario.

En la causa que investiga el accionar de Revolución Federal, la AFI le presentó a la jueza Capuchetti un informe, con audios incluidos, sobre la charla en vivo que hizo la organización el 26 de agosto, a penas unos días antes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, con el título "¿hay que pudrirla?". En ellos, se ven involucrados Jonathan Morel y Franco Castelli, referentes de la agrupación.

Allí hablan de la posibilidad de infiltrarse entre simpatizantes de la vicepresidenta para "hacerla pasar a la historia", en alusión a la posibilidad de matarla. No solo a ella, sino también a su hijo Máximo Kirchner y al Presidente Alberto Fernández.

Los integrantes de Revolución Federal quedaron en la mira de la Justicia tras el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La organización tendría vínculos con los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, mientras que dos de sus miembros expresaron públicamente la posibilidad de infiltrarse entre los simpatizantes del kirchnerismo para matar a la expresidenta.

El grupo libertario surgió en mayo pasado y desde entonces se caracterizó por realizar diversos escraches a dirigentes del Frente de Todos.  Sus líderes fundadores son Leonardo Sosa y Jonathan Morel.

La primera aparición pública de Revolución Federal fue en 25 de mayo de 2022, donde a través de las redes sociales convocaron a una "marcha de las antorchas" para "perseguir políticos y periodistas que fueron cómplices de la vuelta del kirchnerismo y hacerlos mierda". 

Durante junio, junto con la organización Nación de Despojados, encabezaron múltiples escraches dirigidos a diversas figuras del oficialismo y del Frente de Izquierda, entre ellos la agresión al vehículo en el que el ministro Sergio Massa llegó a Casa Rosada en agosto.

Este grupo también participó el 18 de agosto en la marcha convocada frente a la Casa Rosada, en la cual arrojaron antorchas encendidas y bombas molotov a la sede de gobierno, donde estuvo presente Brenda Uliarte, hoy detenida.