El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió suspender parcialmente la aplicación del Decreto 462/2025, impulsado por el Gobierno, que proponía una reestructuración profunda del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida cautelar, dictada por la jueza Martina Isabel Forns, tendrá una vigencia de seis meses e impide a la gestión libertaria para avanzar con despidos, traslados o reformas estructurales sobre el organismo.

La acción judicial fue promovida por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que denunció la pretensión oficial de eliminar la autarquía del INTI, desmantelar su estructura orgánica y apropiarse de sus recursos. En particular, el sindicato cuestionó la transferencia de los ingresos propios del INTI al Tesoro Nacional y la anulación de su personería jurídica, dos decisiones que pondrían en jaque su operatividad y autonomía técnica.

“Cualquier disposición administrativa que altere o desnaturalice la garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos laborales”, fundamentó Forns en su fallo, haciendo especial referencia al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y a los convenios internacionales de la OIT que resguardan la estabilidad en el empleo público.

Creado en 1957, el INTI es un organismo clave para el desarrollo tecnológico y la competitividad industrial. Su labor abarca asistencia técnica, calibración, metrología legal, certificaciones de calidad y procesos de innovación para pymes, cooperativas y empresas de todo el país. Cuenta con 26 plantas piloto y más de 300 ensayos acreditados, siendo uno de los entes más prestigiosos de la región en normalización industrial.

La medida cautelar ordena expresamente al Ejecutivo abstenerse de ejecutar “cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto”, protegiendo de forma transitoria al personal del organismo frente a eventuales cesantías o reubicaciones arbitrarias.

Desde ATE celebraron la decisión judicial como un freno a la “lógica de desguace del Estado” que, denuncian, atraviesa al modelo económico promovido por el presidente Javier Milei. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo: “Presidente Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va a poder”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Aguiar también apuntó contra Federico Sturzenegger: “Te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar”, ironizó, aludiendo a la validez jurídica del decreto y a las limitaciones del oficialismo para ejecutar su agenda de reformas.

ATE venía advirtiendo desde semanas atrás que la iniciativa de suprimir la autarquía del INTI y vaciarlo de recursos constituía un ataque directo a la soberanía tecnológica nacional. La resolución judicial aparece ahora como una barrera institucional que detiene momentáneamente esa ofensiva y refuerza la defensa de los organismos públicos estratégicos frente al ajuste.