Contra la "puerta giratoria": el Gobierno hará un monitoreo de actividades privadas y públicas de funcionarios
Desde hoy, la Oficina Anticorrupción controlará las actividades de los funcionarios, anteriores y posteriores a su inicio en la gestión pública. Aplica a la administración nacional y las empresas del sector público
La Oficina Anticorrupción aprobó la utilización de un "sistema de monitoreo" de "actividades públicas y privadas" de los funcionarios nacionales de mayor jerarquía, que abarcará tanto el periodo anterior como el posterior al ejercicio de su gestión. El objetivo es evitar "situaciones de conflicto de intereses" y que se cumplan las normas de ética pública.
El nuevo sistema monitoreará a las autoridades superiores de la administración pública nacional —como, por ejemplo, ministros— y las empresas del sector público que pertenecen al Poder Ejecutivo, según quedó estipulado en la Resolución 7/2022 publicada en el Boletín Oficial.
El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, dispuso la puesta en marcha del régimen del 'Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública' con el objetivo de "cotejar y verificar el cumplimiento de las normas de ética pública" por parte de las personas que ingresan y egresan de cargos públicos de alta jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional.
"Mediante el formulario de Declaración Jurada de Actividades Anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública se registrarán antecedentes, vínculos e intereses privados hasta tres años antes de asumir la función pública y hasta un año después de dejar el cargo. Lo completarán las autoridades superiores de la Administración Pública Nacional y de los entes y empresas del Sector Público Nacional pertenecientes al Poder Ejecutivo", informó la Oficina Anticorrupción a través de un comunicado.
"Puerta giratoria"
El organismo expuso que el ingreso y egreso a altos cargos públicos desde y hacia el sector privado, "fenómeno conocido como 'puerta giratoria'", implica "riesgos de captura de la decisión pública" que pueden perjudicar el interés público "en beneficio de intereses privados específicos mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio, entre otras conductas contrarias a la ética pública".
Estos riesgos "se agravan cuando las personas que desempeñan cargos directivos en entidades privadas reguladas o controladas por determinados organismos públicos son designadas para cumplir funciones en tales organismos".
"Lo mismo ocurre cuando quienes ejercieron funciones públicas pasan o regresan a ocupar cargos de alta jerarquía en el sector privado, en especial cuando se trata de autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional", añadió la Oficina Anticorrupción.
Por ello, la resolución pretende "monitorear la circulación en la ocupación de altos cargos en el sector público desde y hacia el sector privado que pudieran acarrear situaciones de conflicto de intereses u otros riesgos de incumplimiento de dichas normas".
A través de esta medida, "las personas que se hallen cumpliendo funciones al momento de la entrada en vigencia de la presente resolución deberán presentar las declaraciones juradas de antecedentes, previstas en el artículo 4° del Régimen del 'Régimen del 'Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública', dentro de los treinta (30) días hábiles de la fecha que a tales efectos establezca la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia".
"Tal fecha no podrá superar los cuatro (4) meses de la entrada en vigencia de la presente resolución", indica el texto. La resolución entró en vigencia hoy a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
De acuerdo con esta medida, "las personas que se hallen cumpliendo funciones a la fecha de la entrada en vigencia de la presente resolución y egresen de sus cargos dentro de los cuatro meses de dicha fecha deberán presentar las declaraciones juradas de egreso dentro de los treinta días hábiles de la fecha de efectivo cese de funciones o de los cuatro meses de la entrada en vigencia de la presente resolución, la que resulte posterior".
