La querella que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió suspender la elevación a juicio por el intento de magnicidio que ocurrió durante la noche del 1º de septiembre en la puerta de su casa ubicada en el barrio de Recoleta.

A casi un año del ataque a la exmandataria, sus representantes cuestionaron al fiscal Carlos Rívolo y ahora exigen nuevas medidas dentro de la causa. A través de un escrito, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal apuntaron contra el fiscal por dar por clausurada la etapa de la investigación.

En consecuencia, el letrado decidió enviar a juicio a los tres únicos detenidos por ataque a la titular del Senado: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Intento de magnicidio a CFK: qué dice el nuevo comunicado

"Venimos a señalar información de suma relevancia para esta causa y a solicitar la producción urgente de medidas de prueba. Es evidente que la prueba producida en el caso ‘Revolución Federal’ refuerza lo dicho por esta parte al oponerse a la elevación a juicio: cada día aparecen nuevas pruebas, esta causa está en pleno trámite y elevarla no es más que consagrar la impunidad", indicaron en el comunicado.

Y agregaron: "El 29 de mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa. Increíblemente, dos días hábiles antes, se agregó al expediente prueba de central importancia de la que el acusador público hizo caso omiso".

 

También se refirieron al 23 de mayo, cuando “el Juzgado Nº8 del fuero remitió un informe realizado por la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) en la causa conocida como ‘Revolución Federal’”.

“Este informe se produjo a partir de un pedido de la Fiscalía Nº11 del fuero de que se realice un análisis de todos los dispositivos secuestrados en ese expediente”, puntualizaron.

Por otro lado, el informe especificó que se analizó “la información extraída del Google Drive de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal” , y que su resultado fue “el financiamiento ilegal de la familia Caputo a la agrupación violenta y antidemocrática Revolución Federal, folletos con amenazas a la Vicepresidenta de la Nación, consultas de CUITs de diferentes personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner”.

“Sorprendentemente, el fiscal no ahondó en lo más mínimo en el informe remitido por el Juzgado Nº 8 y avanzó con la elevación de la causa a juicio. La más exigua indagación en la conversación permite ver la gravedad de ese accionar”, se refirieron Ubeira y Aldazabal sobre una conversación entre Jonathan Morel y Dali Revolución en donde se menciona "una pistola 9mm" y que quieren "usarla en la ‘actividad bala’".

Respecto a la solicitud de medidas de prueba, ambos abogados hicieron hincapié en el entrecruzamiento de contactos y allanamientos que sirvan para contribuir en la investigación. Por lo que, además de la suspensión de la elevación del juicio, también se detuvieron en este último punto.

"Dado que una solución adversa a lo peticionado por esta parte supondría vulnerar derechos constitucionales, en una causa de enorme gravedad institucional, hacemos reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, de ser necesario, ante los organismos internacionales de derechos humanos", concluyeron.