La falta de acuerdos en torno a proyectos que son claves para el oficialismo retrasa la próxima sesión en Diputados. La oposición pone reparos para acompañar la reforma del Ministerio Público Fiscal, que tiene media sanción del Senado, pero también cuestiona la iniciativa que fija parámetros sanitarios y epidemiológicos. Una de las opciones que analizan en el Frente de Todos es introducir nuevas modificaciones y centralizar las negociaciones en los bloques opositores chicos con el objetivo de sesionar la semana próxima. 

La prioridad de la bancada oficialista es avanzar con el proyecto que delega facultades en el Ejecutivo nacional para tomar medidas sanitarias durante la pandemia de COVID-19. A excepción del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, que preside José Luis Ramón, el resto de los bloques se dividen entre el rechazo y la duda sobre qué postura adoptar. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, que encabeza Mario Negri, y de la bancada de Consenso Federal, que conduce Alejandro "Topo" Rodríguez, ya adelantaron que no acompañarán el texto porque consideran que viola las autonomías de las provincias, entre otras cuestiones. La principal fuerza opositora va un poco más allá y directamente tilda a la iniciativa como un intento de otorgar "superpoderes" al presidente Alberto Fernández. 

Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social; y Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, son otras de las legisladoras que dijeron que votarán en contra. El mismo camino seguirán desde la izquierda. En el caso de los diputados de Córdoba Federal todavía no sentaron postura luego de los cambios que se realizaron al texto en el Senado, sin embargo, hasta ahora se inclinan por rechazar la iniciativa. 

Edurado "Bali" Bucca y Andrés Zottos, del bloque Justicialista, evitan pronunciarse sobre el proyecto, al menos hasta que el debate llegue a comisiones. Felipe Álvarez y Antonio Carambia, del bloque de Acción Federal; al igual que Luis Contigiani, del Frente Cívico y Social de Catamarca; tampoco dijeron en qué sentido votarán. 

Una de las primeras dificultades que el oficialismo deberá sortear antes de llegar al recinto es el debate en el plenario de comisiones, que tiene que ser presencial porque sólo puede realizarse de manera virtual cuando hay acuerdo entre el presidente y vice de cada una de las comisiones. En este caso, la vicepresidenta de Salud, Carmen Polledo, y el vicepresidente de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna, reclaman que se discuta presencialmente.

Ante ese escollo y la falta de apoyo, en el oficialismo evalúan esperar hasta la semana próxima para realizar la sesión, mientras aceleran las conversaciones con los bloques más chicos. Y no descartan introducir alguna nueva modificación al proyecto para acercar posiciones, en caso de ser necesario.  

 

Ministerio Público Fiscal  

Otra de las iniciativas que genera tensión entre el Frente de Todos y la oposición es la que reforma el Ministerio Público Fiscal, que fue aprobada por el Senado semanas atrás. El rechazo en Diputados está mucho más extendido debido a que desde varios bloques advirtieron que directamente no acuerdan con el espíritu de la norma. De nuevo, sólo los legisladores del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo acompañarían la iniciativa. 

Uno de los principales cuestionamientos de Juntos por el Cambio es que para la designación del procurador general ya no serán precisos los dos tercios sino que bastará con la mayoría absoluta, y que además se limita a cinco años el mandato (actualmente es vitalicio).    

En el Frente de Todos tienen menos premura por llevar al recinto los proyectos de la agenda judicial, aunque desde el bloque oficialista aseguran que es uno de los temas prioritarios, pero no tanto como el que establece criterios sanitarios, por lo que es posible que no se incluya en la próxima sesión. 

 

Consenso Fiscal y Biocombustibles  

También quedó pendiente de la sesión anterior el tratamiento del proyecto de Consenso Fiscal, que fue firmado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores y otorga $70 mil millones a las provincias para reactivar las economías regionales.  

Otra de las iniciativas que ya cuenta con dictamen y está en condiciones de ser llevada al recinto es la Ley de Biocombustibles, que también es resistida por Juntos por el Cambio. Sin embargo, por tratarse de una temática transversal, donde muchos de los alineamientos son en función de los intereses regionales y no tanto de los posicionamientos partidarios, el oficialismo tiene un margen mayor para sumar apoyos.