Durante la jornada de sesión de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, los legisladores opositores volvieron sobre el debate jurídico que amenaza con una presunta inconstitucionalidad de la insistencia de Ganancias y Bienes Personales. Según lo acordado por el dictamen de mayoría, en el paquete fiscal el oficialismo y los dialoguistas insistirán con la versión original del proyecto en esos dos puntos, luego de que el Senado los rechazara. UP ya anticipó la judicialización de la sanción, pero el oficialismo no se muestra preocupado.

A penas llegó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue consultado al respecto y dijo que "para nada" le teme a que los proyectos terminen en tribunales. Los legisladores del sector defendieron en el recinto que, además, la Corte Suprema difícilmente vaya a pronunciarse sobre temas referidos al Poder Legislativo. "Esta ley tiene sustento, legitimidad, legalidad", atajó la diputada Nadia Márquez (LLA).

 

Pero UP se mantiene firme en que llevarán el tratamiento legislativo a la Justicia. Ya lo había anticipado el jefe de bloque, Germán Martínez, ayer, y hoy el tironeado artículo 81 de la Constitución fue el gran protagonista de los discursos durante el debate, tanto en las cuestiones de privilegio como en las exposiciones por bloque. 

En definitiva, el argumento principal del que se agarran los opositores es que los diputados no pueden insistir con los capítulos o artículos que fueron rechazados por los senadores, sino que solo pueden considerar los que fueron modificados. La otra cara defiende que un rechazo en la votación en particular forma parte de una modificación en la redacción, ya que el proyecto de ley fue aprobado en general con esos puntos.

"Toda ley debe respetar el principio de bicameralidad establecido en la Constitución", se quejó la diputada de UP, Vanesa Siley. "Ganancias y Bienes Personales fueron desechados totalmente por la Cámara de Senadores y no existen en el marco de este tratamiento parlamentario", sujetó durante su discurso.

Qué dice la ley

El famoso artículo 81 de la Carta Magna se refiere al regreso de un proyecto de ley a la Cámara de origen, en este caso del Senado a Diputados, y establece: "La cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes".

Por lo tanto, las modificaciones que blindaron con esa mayoría especial -publicadas por BAE Negocios- no tienen vuelta atrás. Ese es el caso del artículo 111 sobre Gasto Tributario, la tercera insistencia que presiona la UCR y Hacemos Coalición Federal. El Senado lo rechazó con dos tercios y, por ende, necesitan esa misma mayoría para insistir. Sin embargo, ni el rechazo de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias ni la reducción de Bienes Personales llegaron a dos tercios, por lo que Diputados podría insistir por mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos).

Lo que sostienen los legisladores de la oposición es que tanto Ganancias como Bienes Personales son dos proyectos separados, dentro de una ley ómnibus, y entonces el rechazo del Senado sobre esos dos apartados debe considerarse como el rechazo a dos proyectos de ley. Por otro lado, quienes defienden su constitucionalidad sostienen que el Senado, al haber aprobado el proyecto en general, que incluía esos dos puntos, es suficiente y que, en cambio, el rechazo en particular cuenta como una modificación en la redacción.

Por último, el artículo de la Constitución dispone que la Cámara de origen no puede introducir nuevas adiciones o correcciones. De ser así, en el sentido literal, Diputados solo puede insistir con la redacción original o aceptar la del Senado. Aunque la Ley Bases se aprobará con todas las modificaciones de la Cámara alta, en el paquete fiscal harán una votación en mosaico dividida en cuatro, separando las tres insistencias del resto del proyecto.  En ese punto, cabe aclarar que existe un acta de octubre de 1995 que habilita esa votación.

Según este documento, cuando un proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen con adiciones o correcciones, aquella podrá "aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones, o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora". Esto, también, solo lo podrían hacer con la misma mayoría con la que fue votada.

La jurisprudencia de la Corte Suprema

"El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse, solo casos que trascienden a ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario habilitan la intervención de los jueces", expresa la jurisprudencia del máximo tribunal en el fallo 340:1480. El diputado José Luis Espert lo utilizó para defender la postura del oficialismo, sobre que el planteo de la oposición "carece de efectos jurídicos".

Según los constitucionalistas consultados por este diario, si el paquete fiscal llega a tribunales, "es probable que la Corte considere que se trate de una cuestión política no judiciable y no va a querer intervenir en un debate parlamentario". En esa línea, una fuente jurídica resaltó que es clave también tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte sobre las denuncias que presentan los legisladores.

"Lo clave es si hay o no hay caso", explicó. La Corte ya despachó denuncias de inconstitucionalidad del DNU 70/2023 por ausencia de caso. "Cuando un legislador presenta una denuncia, la Corte acude a que no hay legitimación porque les dice ´no puedo suplir, como Poder Judicial, lo que vos no pudiste lograr como legislador'. Entonces, si los diputados judicializan una ley que sancionaron, es probable que la Corte la rechace porque no tienen legitimación", detalló.

Los antecedentes son los fallos Fontela 313:630; Polino 317:335; Unión del Centro Democrático 312:2110; Rodríguez 320:2851; Prodelco 321:1252; Garre 323:1422; Leguizamon 324:2048; Raimbault 324:2381; y, el más reciente, Thomas/Ley de Medios 333:1023. Todos fallos en donde el Supremo rechazó la legitimación de los legisladores para peticionar judicialmente respecto de cuestiones debatidas en su función de legislador.

En estos casos, la Corte resaltó que un diputado no tiene legitimación activa para reeditar en el Poder Judicial un debate que perdió en el parlamento. "La invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma", resolvió la Corte en el caso Thomas. Y agregó: "También se tomó en consideración para negar la legitimación a un grupo de legisladores la falta de comprobación de la afirmación efectuada por ellos de haber sufrido un daño claro, directo, inmediato de sus prerrogativas legislativas".

"De lo expuesto surge que un legislador no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas. Por el contrario, dicha legitimación podría eventualmente resultar admisible cuando se trata de la afectación de un interés concreto y directo a su respecto", agrega la sentencia.

En esta línea, las fuentes jurídicas aseguraron que una denuncia de UP difícilmente tenga éxito en tribunales. Además, consideraron que la táctica del Gobierno es válida constitucionalmente porque "lo único a lo que está atada la sanción de la ley es a las mayorías. Si tienen las mayorías, pueden insistir". Por eso, los diputados del sector le dijeron a BAE Negocios que ellos no van a ser quienes impulsen la denuncia, sino que esperan que haya una "catarata de demandas", principalmente, de sectores gremiales.