Los primeros días de un nuevo gobierno nunca son fáciles, sobre todo cuando se anticipan cambios tan bruscos a poco de haber asumido. Javier Milei llegó a la Casa Rosada con la promesa de aplicar un plan “motosierra” en el Estado y anunciar que esas medidas iban “decisiones duras”.

La primera semana de gobierno de Milei se anunció un plan de urgencia económico, que incluyó cambios en la estructura del Estado; y en la política cambiaria y fiscal. También se dispuso un nuevo programa de orden público para frenar los piquetes, y se abrió el diálogo con los gobernadores.

En una segunda etapa que comenzará la semana próxima se conocerán los detalles del programa de reformas estructurales que se presentará en el Congreso. El Gobierno planea seguir avanzando en el recorte de todas las áreas, con la reducción y suspensión de los empleados estatales.

El Presidente pidió a los ministerios achicar un 10 por ciento sus estructuras, luego de haber puesto en marca la reducción del 50% de las carteras que pasaron de 18 a 9. El mismo camino de ajuste se implementó en las secretarías y subsecretarías. Tampoco se renovarán los contratos laborales del sector público firmados hace un año.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el cálculo de la decisión de Milei de terminar con la denominada “casta” representa el 0,0014% del PBI, y equivale a un ahorro anual de $3.200 millones correspondiente a la reducción de 8 ministerios, 50 secretarías y 42 subsecretarías.

En la batería de medidas de ajuste, el Gobierno suspendió la pauta del Estado a los medios de comunicación por un año; redujo al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias; limitó y paralizó las licitaciones de las obras públicas; y redujo los subsidios al transporte y la energía.

En cuanto a la política cambiaria, el dólar oficial pasó a un promedio de 800 pesos; se elevó el impuesto Pais; se modificó el uso de la moneda extranjera para las exportaciones y el dólar tarjeta.   

El primer impacto a las medidas económicas, que generó una fuerte devaluación del peso, impulsó el alza en los precios de los alimentos y de los combustibles. Según afirmó Caputo en el anuncio de esta semana, la inflación se detendrá en la medida que se recorte la demanda.

En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, inició una ronda de conversaciones con los gobernadores en busca de un "diálogo político" que lo ayude a impulsar determinadas leyes en el Congreso y lograr apoyo en las medidas anunciadas. El primer citado fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien concidió con "la necesidad de la reducción del gasto público”. Aún queda reunirse con los mandatarios del resto del país.

El Congreso, que tiene representantes de todos provincias, deberá aprobar varios de los cambios que propuso el nuevo gobierno, como la Ley de Movilidad Jubilatoria, la modificación del Impuesto a las Ganancias, y la reforma en Bienes Personales. A esto se sumarán nuevas medidas de tinte económico; de reforma del Estado y de carácter electoral.

Al mismo tiempo, el Gobierno prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía. Después del paquete de ajuste, la titular de Seguridad, Patricia Bullrich lanzó un protocolo de orden público para limitar las protestas sociales. La funcionaria advirtió que intervendrán las fuerzas federales ante un eventual corte de calles.

De la misma forma, el Gobierno evalúa la posibilidad de pagar un bono de emergencia a fin de año, según indicó Adorni en su conferencia de prensa. Todavía no se conocen novedades, pero el Ministerio de Capital Humano monitorea los impactos de las medidas económicas.