La paritaria de estatales ofreció este miércoles un nuevo capítulo marcado por la tensión y un abrupto cuarto intermedio. Todo en la gama que analistas económicos que asesoran a gremios definen como “una postal de época” respecto a la tesitura de la Casa Rosada frente a la negociación colectiva.

En efecto, el Gobierno asistió a la mesa de negociación sin presentar ninguna oferta, por lo que el encuentro pasó a un cuarto intermedio. La conducción de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE Nacional), que junto a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) integra esa discusión, calificó dicha instancia como “un fraude” y reclamó que el salario inicial para la administración pública se fije en $1.800.000.

“Las políticas de Milei están destruyendo el diálogo social en la Argentina, un intercambio que debería tener como objetivos el trabajo decente y el crecimiento económico”, expresó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, en diálogo con BAE Negocios.

El dirigente, que días atrás participó en una convocatoria de los sindicatos combativos organizada por la Federación de Aceiteros en el Club Español de Buenos Aires, no solo reiteró sus críticas a la gestión libertaria, sino que también puso el foco en la paritaria estatal.

“La paritaria estatal se transformó en un fraude. En esa tónica, el Gobierno vulnera el Convenio 154 de la OIT, porque en las negociaciones no escucha la voz de la representación sindical. El Ejecutivo está utilizando este ámbito como una herramienta para congelar los salarios de los empleados públicos”, sostuvo Aguiar, haciendo referencia a los ejes debatidos en el encuentro de sindicatos combativos.

Para respaldar su reclamo, ATE advierte que la pérdida de poder adquisitivo en los salarios —especialmente en el sector público— “superó todos los límites”, generando un escenario que pone en jaque la paz social en el país. “Es simple: la paz social se garantiza con respuestas concretas a los justos reclamos de las y los trabajadores”, afirmó Aguiar.

Desde la comisión técnica de ATE en el INDEC —que elabora informes sobre salarios, paritarias, jubilaciones y distintos tipos de ingresos— el gremio considera que el ingreso mínimo debería establecerse en $1.819.121, monto necesario para satisfacer las necesidades básicas de una familia tipo (dos adultos y dos menores). Esa cifra se compone de $630.974 para cubrir la Canasta Alimentaria Mínima, y $1.188.147 para acceder al resto de los bienes y servicios esenciales.

Esta paritaria comprende el período junio 2024 – mayo 2025. Con el dato de inflación de mayo aún pendiente, los aumentos otorgados hasta ahora suman un 20,8 %, es decir, la mitad de la inflación acumulada del período, que fue del 41,4 %.

Tal como publicó este diario, en paralelo al endurecimiento de la política salarial y paritaria del Gobierno de Javier Milei, el nivel de conflictividad gremial se intensifica, tanto en el ámbito estatal como en otros sectores.

Esto ocurre en semanas donde, además, ese malestar se potencia por la vigencia del DNU que restringe el derecho constitucional a huelga, así como por la aplicación del denominado “plan motosierra” en diversas áreas del Estado.