Las trabas alrededor del tratamiento de la Ley Bases en el Senado llevaron a que el presidente Javier Milei ponga la lupa sobre el Gabinete y presione a la oposición del Congreso con la promesa de bajar impuestos si aprueban la Ley Bases. En este contexto, el oficialismo se propone, una vez más, intentar dictaminar el miércoles, mientras que los funcionarios se miran entre ellos a ver quién terminará marcado como culpable si vuelven a fracasar.

"Quedan todos los ministros bajo análisis", anunció el mandatario el jueves pasado ante los crecientes rumores sobre la renuncia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a quien se lo responsabiliza de la mala praxis que llevó a cabo el Ejecutivo en su negociación con la Cámara alta, que derivó en que el gobierno libertario todavía no tenga leyes sancionadas a medio año de gestión ni haya podido cumplir con el Pacto de Mayo.

Con los cambios ya asegurados y una estrategia abrochada, el plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda retomará el debate por la Ley Bases el miércoles 29 a las 15, mientras que el capítulo fiscal está programado para las 17. El objetivo es conseguir las firmas para ambos proyectos ese día, y mientras tanto la tensión dentro del Gabinete crece por los cambios que se aproximan.

La única vez que se lo vio a Posse caminando por los pasillos parlamentarios fue cuando dio su primer informe de gestión hace unas semanas. En cambio, los puentes a construir entre el Ejecutivo y los senadores quedaron en manos de su segundo, José Rolandi -"El pelado, ¿cómo se llamaba?": así lo identificó uno de los disidentes que fue protagonista de las negociaciones-.

El vicejefe de Gabinete José Rolandi

La representación del Ejecutivo no fue bien recibida por parte de la Presidencia del Senado, que se dedicó a difundir por lo bajo comentarios sarcásticos, aunque sutiles, sobre la torpe gestión de los acuerdos. Las críticas principalmente se centraron en que inviten a los senadores a la Casa Rosada y no incluyan a Villarruel en las conversaciones. También se quejaron de que intentaran apurar los dictámenes a sabiendas de que no había consenso, lo cual dejó a Villarruel como la cara de los fracasos semanales. "Poner fechas es pegarse un tiro en el pie", definieron del entorno, en diálogo con este medio.

La vice comenzó a participar de las reuniones con Rolandi y la Secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, hace solo diez días, luego de que Karina Milei la llamara al rescate. Pero su figura como mediadora volvió a desvirtuarse cuando Rolandi comenzó a circular borradores de la Ley Bases el miércoles sin avisarle: no lo leyó ni fue partícipe del armado de la nueva versión del proyecto. Ya el martes anterior había decidido no participar de la reunión y avanzó con una agenda propia. Donde está Rolandi, Villarruel huye: no querrá quedar asociada con su resultado.

Rolandi, Karina Milei y Francos observando la sesión de la Ley Bases en Diputados

Ahora vuelve a la escena el caballito de batalla: Francos, el responsable del acuerdo con los gobernadores. Su arduo trabajo con los mandatarios provinciales, en pleno ajuste, es lo único que mantiene un soporte dentro de todo sólido con el grueso de los senadores, si bien no fue garantía de un tratamiento express -como habían pensado-. Se volvió uno de los ministros de confianza para "los hombres del presidente": Karina Milei, Santiago Caputo y Eduardo ´Lule´ Menem. Trascendió que se lo verá entre el lunes y el martes por el Senado para tantear el panorama, pero no lo confirman.

Se suma a la lista de nombres que pueden reemplazar a Posse. Según definió el presidente Milei, depende del resultado de la Ley Bases -si se aprueba y qué se aprueba-, se hará una revisión de todos los ministros y los ojos están puestos en el jefe de Gabinete como renuncia asegurada. También anunció al asesor Federico Sturzenegger como nuevo miembro oficial de la mesa: nadie sabe si será titular de una nueva cartera o si habrá más de un recambio.

El retraso de Bases se debe a la inflexibilidad de parte de Milei a aceptar mayores modificaciones dentro del proyecto. Eso limitó las cartas a jugar en el intercambio de pedidos y borradores que se llevó a cabo durante el fin de semana y, mientras Karina y Lule articulan un revés en Diputados, el oficialismo está al borde de resignarse a que vaya a haber más disidencias de las que esperaban. La presión porque salga rápido sigue existiendo, aseguran senadores del oficialismo.

Los pedidos por parte de los radicales tocan puntos clave: Ganancias, RIGI, privatizaciones y, ahora, la nueva: la obligatoriedad de la cuota sindical en la reforma laboral, lo cual pone en jaque los acuerdos que sellaron con la Cámara baja. Los pedidos que incorporaron en la nueva versión del proyecto son los que el Gobierno se compromete a no voltear en su regreso a Diputados, y en cambio, hay cuestiones que ya planean retrucar.

El oficialismo del Ejecutivo y el Legislativo: dos mundos distintos

Dentro de lo que aceptado se encuentra una modificación en el RIGI sobre el artículo 163, en donde se removió el párrafo que limitaba que la legislación sea aplicada solo para las provincias que adhirieran. Sin esto, aplica para todos los proyectos que se realicen en el país, independientemente de la provincia.

Sobre blanqueo, otro de los más cuestionados, especificaron que los hermanos de funcionarios no podrán blanquear (Art 47), así como también imposibilita a que los que fueron funcionarios en los últimos diez años (no solo 5, como antes).

Pero los cambios no son suficientes para los disidentes como Martín Lousteau (UCR) -ya lo dan por perdido-, y, por otro lado, el pedido de Pablo Blanco (UCR) sobre eliminar de la lista de privatizaciones a Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas es un punto muerto. Lo mismo ocurre con la reversión de la cuarta categoría de Ganancias que, junto con Aerolíneas, es un reclamo sectorial de los patagónicos, los más afectados. Si no fueron cambios que se incorporaron todavía, difícilmente consigan la luz verde del Ejecutivo para estos días.

De los disidentes del radicalismo están muy tranquilos con la alianza que pueden forjar con UP para fijar los cambios en el recinto por 2/3. Ya antes de recibir el borrador la semana pasada, le decían a la prensa que ese era su Plan B al no tener todavía certezas del Ejecutivo. Lo cierto es que confían más en el peronismo de la Cámara alta que en los diputados de su mismo partido: "Lo que estamos pidiendo lo tenemos hablado con los diputados, pero en el caso de que no lo acepten, lo sellamos con 2/3 para que no puedan cambiarlo y listo", se despreocupó uno de los disidentes del Senado.