Las polémicas detenciones de militantes enrolados en el peronismo bonaerense ordenadas por la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, por el delito de arrojar excrementos y colocar un pasacalle a las puertas de la vivienda del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, sigue generando reacciones de repudio y pedidos de liberación de los apresados por parte de diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos.

A los repudios y cuestionamientos que habían realizado varios dirigentes del peronismo y organizaciones sindicales, entre ellos el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, la diputada nacional de Unión por la Patria, Luana Volnovich, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y las dos CTAs, en las últimas horas se sumaron Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Mediante un comunicado Abuelas, organismo que preside Estela de Carlotto, reclamó la "inmediata libertad" de Eva Mieri, Alexia Abaigar, Aldana Muzzio, Candelaria Montes, Joaquína Santos e Iván Díaz, por considerar que los mismos son “víctimas de la persecución y criminalización política que lleva adelante este gobierno junto a una parte de la justicia”.

El organismo detalló que los militantes fueron detenidos “en operativos brutales, de madrugada”, esposados, incomunicados, encarcelados, “como si hubieran cometido un delito grave”, y con el poder judicial “convertido en brazo ejecutor de esta desproporción”.

En otro tramo, el documento advierte que mientras tanto, al “escrachado diputado Espert”, a quien los medios oficialistas pretenden victimizar, “se lo habilita a seguir propagando su verborrea violenta, misógina, estigmatizante, deshumanizante y antidemocrática, en línea con todo el gobierno, especialista en discursos de odio”.

Abuelas denunció “persecución, proscripción, arbitrariedad” y amedrentamiento, en lo que consideró existe un “un intento de disciplinar y silenciar cualquier disidencia”, tras lo cual hizo un llamado de atención “a la dirigencia política, a funcionarios y funcionarias del poder judicial y a la sociedad civil en general, sobre lo que está en juego: sin garantías, no hay estado de derecho”.

Para finalmente exigir la “libertad inmediata a las compañeras y compañeros presos políticos”, reclamar el final de la “persecución judicial”, la no “criminalización de la protesta” y que se le ponga un freno a la “violencia institucional”.

Los abogados defensores de los inculpados por el escrache al provocador diputado Espert, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organizaciones políticas reclamaron “la liberación de las presas”, además de asegurar que esto es una “persecución política, judicial y mediática”.

El abogado Diego Molea, uno de los defensores de Alexia Abaigar, Iván Díaz Sánchez, Aldana Sabrina Muzzio, Candelaria Monte Cató, Joaquina Santos y Eva Mieri, aseguró que el hecho que se les atribuye a los detenidos “a lo sumo constituye una contravención”.

“El Juzgado federal de San Isidro, liderado Sandra Arroyo Salgado, toma y se siente competente en una causa de tirar caca en la vereda en vez de ocuparse, como corresponde, de tratar otros temas y otros delitos federales que tanto preocupan y nos preocupan en este país, como el narcotráfico, por ejemplo", manifestó.

Por su parte, desde el CELS afirmaron que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es “una de las principales promotoras” de utilizar todos los recursos punitivos del Estado “para perseguir a quienes protestan y a la disidencia política, junto con la SIDE”.

“Allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache" es un hecho “que, como mucho, podría ser una contravención, hoy es tratado como un delito federal grave”, advirtió el organismo, el que subrayó que “la justicia es instrumento del gobierno en esta desproporción”. 

En esa línea, afirmó que “la criminalización selectiva es persecución política”, advirtió que “el gobierno usa el aparato punitivo del Estado para amedrentar militantes”, ante lo cual "el sistema político entero empieza a estar condicionado por estas operaciones”.

En tanto que en el Congreso de la Nación, la diputada nacional de Unión por la Patria, Mónica Macha, con el aval de los integrantes del bloque que integra, presentó un proyecto de ley para repudiar la detención "arbitraria" de Alesia Abaigar y otros militantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, y otra iniciativa para condenar los incesantes ataques del oficialismo contra la periodista Julia Mengolini.

“Desde el primer minuto de su gobierno, (el presidente Javier) Milei tomó como enemigo al feminismo y a las mujeres y diversidades", señaló la presidenta de la comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Cámara baja. 

A su turno, el diputado bonaerense, Juan Malpeli (UxP), presentó a su vez este jueves una denuncia penal contra la jueza Arroyo Salgado, a la que acusó de ejercer la “privación ilegítima de la libertad” de Abaigar, causa en la que pidió ser querellante.

Malpeli consideró en su denuncia que la magistrada tuvo un “ejercicio abusivo de la función jurisdiccional, privando ilegalmente de la libertad” a Abaigar a quien la Justicia atribuyó el haber participado en el “escrache” a la casa Espert con excremento de caballo.