La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la condena a 6 años de prisión que resolvió un tribunal oral al acusarla de haber cometido "administración fraudulenta" y la inhabilitó para ejercer cargos públicos, apuntó a la "mafia judicial" y remarcó que no será candidata en 2023.

"No voy a ser candidata. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que van a poder dar la orden a Casación y a la Corte Suprema que me metan presa”, aseguró. También remarcó:  "No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino como me volví el 10 de diciembre de 2015 a mi casa.

Cristina comenzó a transmitir un mensaje desde sus cuentas de redes sociales pocos minutos después de que se conociera el fallo y sostuvo que la decisión judicial "no es por las leyes de la Constitución o del Código Penal sino que tiene su origen en el lawfare".

La vicepresidenta señaló también que existe un "Estado paralelo" que decide sobre la "libertad". 

"Hablé de la idea de partido judicial. Por una deformación juvenil, de lectora, de analizar. Y es mucho más simple: no es partido. Es un Estado paralelo y una mafia, mafia judicial", remarcó. 

 

 

Qué decidió el Tribunal sobre Cristina

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N. 2 condenó a la vicepresidenta a seis años de presión en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz, luego de tres años y medio de debate judicial.

Así lo determinó la sentencia de los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, en un caso que tuvo también como imputados al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado a la pena de 6 años de prisión.

 

 

La lectura del veredicto, que se realizó por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, fue realizada por el magistrado Jorge Gorini y los fundamentos de la decisión se conocerán el 9 de marzo.

El tribunal desestimó considerar que Cristina había sido "jefa de una asociación ilícita", tal como habían planteado el 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola cuando pidieron una pena de 12 años de prisión.