La sala III de la Cámara Nacional del Trabajo ratificó el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el segmento laboral del DNU 70/23. Esta decisión es el resultado de las acciones derivadas del amparo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
Es importante mencionar que la Cámara ha mantenido el mismo criterio respecto a otro recurso presentado previamente por la CGT. 
Para esta oportunidad los jueces Alejandro Perugini y Diana Cañal han rubricado esta decisión para confirmar la inconstitucionalidad del Título IV del DNU, como se había establecido en el fallo inicial.
Conocida en las últimas horas la decisión de los magistrados se basó en que el mega decreto 70/23 afectaba los derechos de los trabajadores representados por APA. 

En su argumentación, APA desarrolló conceptualmente definiciones sobre que el DNU imponía reformas laborales de manera irregular, restringía el derecho de huelga y eliminaba la vigencia indefinida de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). 
Además, la asociación expresó preocupación por la desfinanciación de la estructura sindical y la eliminación de derechos que afectan la estabilidad laboral, las indemnizaciones y la responsabilidad solidaria en casos de subcontratación.
En la presentación los abogados que asesoraron a APA en este proceso consideraron que el DNU vulneraba derechos consagrados en la normativa, empeoraba las condiciones laborales y salariales, y contradecía postestades constitucionales y supraconstitucionales de los trabajadores y de la asociación que los representa.
Al tomar intervención en el caso, la Cámara no sólo analizó el contexto de la cuestión sino que además evaluó que al momento en que el Poder Ejecutivo presentó la norma no estaban dadas  las razones de necesidad y urgencia para la implementación del DNU. Según el estamento judicial, una reforma tan amplia como la afectada por el decreto debería haber seguido el proceso legislativo ordinario en el Congreso de la Nación.
Finalmente, la Cámara resaltó la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo y la legitimidad de APA para presentar el recurso, enfatizando que el Poder Ejecutivo solo puede ejercer facultades legislativas en circunstancias excepcionales de urgencia que requieran una solución legislativa inmediata e incompatible con el proceso normal de formación de leyes.
Los camaristas Perugini y Cañal sostuvieron en su decisión, que en los hechos analizados respecto al decreto se revelaba una reforma laboral completa, la cual deriva en “pretender socavar la legitimidad de que los Sindicatos reclamen por los derechos individuales, en total olvido o desconocimiento, de que en la historia de la humanidad, fue la unión de los trabajadores la que hizo la fuerza”.