A casi una semana de la movilización al Congreso por el debate en la Cámara de Senadores sobre la ley Bases la CGT se pronunció respecto a lo que consideró como una “escalada represiva”, luego de los hechos que dominaron la tarde del jueves en esa zona del centro porteño.  En efecto, la central obrera manifestó su preocupación por lo acontecido durante y después de la concentración y reivindicó el derecho a la protesta contemplado en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que Argentina adhiere como Estado.

En lo que reporta como más que un detalle el texto cegetista pidió que se investigue la participación en los desbordes de “personal profesional infiltrado”, un factor desencadenante en la trama violenta para muchos de quienes estuvieron en la plaza.

Mientras dirigentes cegetistas como el triunviro Pablo Moyano y el adjunto Andrés Rodríguez ofrecieron posturas diferentes sobre lo acontecido en esa movilización, plasmando una grieta siempre latente en Azopardo entre "combativos y dialoguistas” el consejo directivo reivindicó el derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades que consagra el artículo 14 bis, como también a los tratados internacionales que tienen a nuestro país como nación adherente.

“Resaltamos la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia, por ser la madre de todos los derechos humanos conseguidos y promovemos su ejercicio de forma pacífica y ordenada”, explicitó el texto de la CGT.

Como publicó BAE Negocios hubo sectores gremiales que consideraron llamativa e inoportuna la ausencia de dirigentes importantes del movimiento obrero en esa plaza, siendo que en anteriores convocatorias no hubo fisuras para marchar por las calles como tuvo lugar, por citar dos ejemplos, el 1ro de mayo y la jornada en defensa de las universidades públicas.

La semana pasada tanto trabajadores y trabajadoras como manifestantes autoconvocados recibieron la represión de distintas fuerzas de seguridad y la jornada terminó con 33 detenidos acusados de delitos como sedición, traición a la patria y otros. A los dos días se excarcelaron a 17 personas entre los que había estudiantes, vendedores de empanadas, choripanes, hombres y mujeres del arte y peatones.

El Gobierno en tanto celebró el accionar de las fuerzas de seguridad y a través de comunicados llegó a considerar que la convocatoria fue “un intento de golpe de estado” que logró desactivar con el esquema represivo desplegado a mansalva.

La CGT manifestó su repudio al intento de criminalización de la protesta. En respuesta a esa constante del gobierno desde Azopardo no dudaron en considerar inadmisible “la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un golpe de Estado. Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes”.
Exigiendo la debida investigación por los incendios de autos y bicicletas "realizados por personal profesional infiltrado, solicitamos la inmediata liberación de los detenidos. Confiamos en que la Justicia no se dejará manipular y requerimos a la misma que investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico, que solo disponen el Ministerio de Seguridad y el de Defensa”.