A semanas de que la Corte Suprema de Justicia se quede con solamente tres miembros, los jueces redoblaron la apuesta este miércoles, ante los desacuerdos entre el Senado y el Gobierno para designar a los magistrados pendientes, y emitieron una acordada que movilizó la Casa Rosada: funcionarán bajo la regla general de que básicamente sustituirán a los jueces por conjueces. La provocación, o el “mensaje” -como prefieren definir en un importante despacho de Balcarce 50-, movilizó las definiciones sobre si les conviene proceder o no con los nombramientos por decreto.

El próximo 29 de diciembre, el supremo Juan Carlos Maqueda se jubila y dejará otro puesto vacante, que se suma al que dejó Elena Highton de Nolasco, que se jubiló en 2021. El Gobierno de Javier Milei postuló a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla, pero para que los pliegos avancen necesitan acordar con el peronismo del Senado, que no cede ante la condición de que incluyan a una mujer en lugar de Mansilla. El Gobierno se mantuvo firme en que serán los dos o ninguno: “Que amplíen la Corte y envíen a una mujer, y les votamos todo en dos minutos”, planteó un referente clave de la banca que lidera José Mayans, un mes atrás.

Una fuente inobjetable de Casa Rosada aseguró que de ninguna manera estaban dispuestos a ceder ante la alternativa que propuso Unión por la Patria, aunque dejan la puerta abierta a una negociación para ampliar la Corte “a posteriori de que se acuerden los dos pliegos”. La evaluación que están haciendo contrarreloj, según lo que pudo averiguar BAE Negocios, es si es viable conseguir los votos de los peronistas que no siguen la línea del kirchnerismo y que responden a los gobernadores. Sin embargo, el decreto ya lo tienen escrito y no descartan que en las próximas semanas se publique.

La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; y el asesor del "triángulo de hierro", Santiago Caputo son los que se encargarán de idear el paso a seguir. Lo cierto es que, según el raconto que pudo hacer este diario, son solo 8 los senadores de UxP que podrían obtener, por lo que necesitan de los K para llegar a los dos tercios. Con todo, se suma que los letrados que postula el Gobierno deberían renunciar a sus juzgados en el caso de ser designados por decreto y, según trascendió, no están dispuestos a hacerlo a sabiendas de que UxP ya adelantó que no aprobarían ningún nombramiento de la Corte Suprema que se haga por esa vía. “No es nuestro problema”, se desentienden en Balcarce 50.

En este punto muerto, lo que el Gobierno tiene para ganar es un año legislativo asegurado de fallos a su favor, hasta que caiga el decreto.

El quid de la cuestión es un tema de mayorías. Sin Maqueda, el ministro Ricardo Lorenzetti queda solo frente al criterio de Horacio Rossati y Carlos Rosenkratz. Como es de costumbre, Lorenzetti suele fallar en disidencia de los demás magistrados y eso dejará a la Corte sin mayorías para pronunciarse -para conseguirla necesitan tres votos concordantes-. En pos de que no se traben los expedientes, el Tribunal Supremo resolvió en la acordada de hoy que se facilite el mecanismo para designar a un conjuez que resuelva en esos casos. 

“Es de público y notorio que es probable la incorporación de dos nuevos miembros al Tribunal. Es inapropiado que los jueces pretendan condicionar a los próximos colegas”, difirió Lorenzetti, el único que no coincidió con la postura, quien además es el que acordó con el Presidente la postulación de Lijo. “Cuando no hay mayorías, los jueces de la Corte deciden en ese caso designar un conjuez entre los presidentes de las Cámaras Nacionales. Esta es la regla histórica. Lo que está en discusión en esta acordada es algo diferente: establecer como regla general una suerte de sustitución de los jueces por conjueces, lo que afecta los precedentes, porque cambiarán permanentemente, afectando la seguridad jurídica”, agregó.

“Para nosotros no fue ninguna sorpresa”, dijo una fuente de Casa Rosada al ser consultada por la aprobada de la Corte. “Hay un procedimiento de emergencia que los permite seguir funcionado, pero esto está lejos de ser lo óptimo”, opinó. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, más temprano dejó en claro su rechazo con respecto de la decisión de los Supremos: “Es lamentable que la Corte tenga 15 o 20 años para dictar sentencia”, lanzó. Además, preparó el terreno para un pronto decreto: “No sé si puede funcionar con tres jueces. Por su puesto que desde el punto de vista del quorum podrá, pero en términos de eficiencia procesal me cuesta creer que podamos tener una Corte con tres miembros”, consideró el ministro.