En la dinámica de acción y unidad el movimiento obrero continúa a la cabeza del rechazo político a la reforma laboral que incluye el proyecto de la ley Bases. La visión incluye el DNU 70/24, el paso inicial de la gestión de Javier Milei sobre los gremios. A la movilización que desarrollarán las centrales obreras en ocasión del debate en Senadores, se suma por estas horas un pormenorizado informe del foro Cifra, estamento de la CTA de los Trabajadores que define a la reforma laboral como "regresiva" y a paladar empresario.

Ese paper detalla que la iniciativa del gobierno "afecta sobre todo derechos individuales de los trabajadores, aunque avanzan también en forma directa sobre derechos colectivos, en particular tras la inclusión de causales de despido vinculadas con acciones colectivas". Las analistas de Cifra (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) Mariana González y Ana Laura Fernández remarcan los trazos "anti estatales" de la reforma que, más allá de la promesa oficial del Gobierno a la CGT, no tuvo interacción con gremios.

"El proyecto de ley Bases incluye un capítulo específico sobre empleo público, dentro del título reforma del Estado", realzaron. En datos duros tamizan allí la decisión de reducir el empleo en dicho rubro. "Lo que se ha manifestado ya en miles de despidos concentrados en áreas que se pretende cerrar o bien dejar sin funciones", describen las investigadoras.

Y hay un dato estadístico temporal al respecto, "una reducción neta de más de 21.000 ocupados a nivel nacional entre noviembre de 2023 y abril pasado". Más allá de la órbita estatal y de cara al trabajo registrado Cifra alerta que se trata de una reforma que de varias formas puede incentivar el no registro de relaciones de dependencia, "ya que elimina sanciones e indemnizaciones vinculadas con la no registración y, a la vez, habilita formas contractuales 'no laborales' que pueden enmascarar relaciones de trabajo".

El ítem "monotributismo legal" o "uberización" que denunciaron los sindicatos y centrales, versa sobre la figura de "trabajadores independientes con colaboradores". Allí detallan que a tal "creación" se suman algunos cambios que facilitarían el uso de contratos de locación de obra o de servicios para la contratación de trabajadores, práctica difundida que suele encubrir relaciones laborales no registradas como tales.

Via libre a la precarización

En Cifra además ponderan que se abre un nuevo blanqueo laboral que también puede desincentivar la registración al generar la expectativa de nuevas condonaciones de deuda a futuro. "Para los asalariados formales implica precarizar su situación de diversas formas", enfatizaron. Detallan que con la habilitación para la creación de fondos de cese laboral, tomando como fuente el caso de la Uocra, la normativa propicia el reemplazo de la indemnización por despido.

"Su creación implica mayor inestabilidad e incertidumbre en las relaciones de trabajo y mayor disciplinamiento hacia los trabajadores", enmarcaron respecto al futuro escenario.

Cifra también analizó la extensión del período de prueba –durante el cual se puede despedir sin indemnización- y la ampliación de la tercerización laboral con responsabilidad solidaria limitada. Desde el prisma de la parte empleadora, esta ley de algún modo recorta costos laborales, en algunos por la mayor permisividad hacia la no registración y el fraude laboral.