La figura de locación de servicios que establece la ley Bases en su artículo 93, donde se habilita la contratación de hasta 5 personas, via monotributo y sin derechos laborales, es vista por un sector del mundo del trabajo, no solo empresarios, como “un paso importante” hacia una reforma más profunda.

Desde el sindicalismo la alternativa se considera como nociva, regresiva y más.

Sobre los ejes que planteara el secretario de Trabajo Julio Cordero, hay especialistas que ponderan los efectos del artículo 93 para incrementar la masa laboral. “El mayor desafío que afronta nuestro mercado laboral es la informalidad, por lo tanto esta alternativa va en el sentido correcto”, sustanció Matías Ghidini CEO de la consultora Ghidini & Rodil a BAE Negocios.

El analista remarcó que si bien como una herramienta para utilizar lo que establece el artículo de la ley Bases no posee la solidez necesaria apunta a uno de los problemas central del trabajo. “Se trata de un primer paso, el cual incluso estimo que puede contar con un grupo importante de trabajadores que lo tomen y acepten. Es decir que en trazos generales es un avance pero demandará que continúe una dinámica en ese sentido”, enfatizó.

El ejecutivo ha sostenido en los últimos años como “imperiosa” aplicar una reforma laboral.

De hecho en su libro “Mi trabajo, ahora” plantea la necesidad de afrontar que frente a la informalidad la búsqueda laboral requiere de mucho más que buena voluntad de las personas como de disposiciones a la medida del escenario del país en cuestión.

El formato simple de que haya quienes puedan subcontratar a otras personas y emerger de la informalidad, como propicia el artículo 93 de la ley Bases, se establece como plataforma de despegue para un sinfín de oficios y actividades, incluso de las denominadas usualmente como “changas”.

El rechazo sindical no obstante no priva de que algunas organizaciones adhieran a libro cerrado a la reforma de Javier Milei, sin batir parches hubo quien minimizó el artículo 93 y resumió “lo que no se dice que algunos compañeros dirigentes confunden derechos sindicales con laborales y no son lo mismo”. Otros, desde su adhesión temporal al gobierno espetan que “peor no podemos estar la mitad de los laburantes están en negro”. Léase acompañan desde la tesitura que “lo de antes incluída la CGT es peor, al menos con esta reforma habrá más trabajo para todos”.

La grieta

En los gremios la visión crítica parte desde la defensa a los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) y otras normativas laborales. El triunviro de la CGT Carlos Acuña sostuvo que la reforma concreta “una figura inédita que convierte trabajadores en colaboradores, esto no tiene antecedentes en el mundo, ni en este país”.

Otro de los cosecretarios generales de Azopardo Héctor Daer “se habla de empresa con hasta cinco colaboradores, pero el abanico que genera es totalmente desacertado”. El referente de Sanidad incluso linkeó esta visión con el fenómeno que el moviemto obrero resumió como “uberización”.

En rigor de datos duros recordó que la intención fue "llevar a los compañeros y compañeras 'uberizados' a la Ley de Contrato de Trabajo. Existen más de 9.000 empresas con menos de 5 trabajadores y con esta reforma estamos ‘deslaboralizandolos’ si se permite el término gráfico por cierto”. La CGT y las dos CTA sostienen que esta reforma laboral implica llegar a “una informalidad legal, con un paraguas que es la ley Bases".

El secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky alertó que se “favorece el despido sin causa; permite el despido discriminatorio; y no hay un solo artículo que respete el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”. Desde el plano crítico, acotó “además pasaríamos a ser el país con el periodo de prueba más dilatado del mundo”. En referencia al plazo de seis meses y agregó que también “se elimina la moratoria previsional perjudicando a 9 de cada 10 mujeres y a 3 de cada 10 varones que se jubilan”.