Javier Milei obtuvo las dos leyes por las que sus principales funcionarios batallaron durante seis meses. Con sólo 38 diputados y 7 senadores, pudo asegurarse el apoyo de una oposición atomizada y desorientada —a la que denostó hasta el hartazgo— en temas que algunos de sus antecesores no consiguieron avanzar, como la reforma laboral o las privatizaciones. Aún cuando para algunos libertarios se trata de un triunfo con gusto a poco, por el hachazo que recibieron los textos originales, la Ley Ómnibus y el paquete fiscal se convertirán en las principales herramientas, junto al DNU 70, para afianzar el ajuste en distintas áreas del Estado y concretar una parte de las reformas económicas y tributarias que pregona el presidente. 

"Queremos ver qué van a hacer ahora que tienen las leyes, ¿qué van a decir? ¿a quién le van a echar la culpa por sus errores?", dijo uno de los diputados opositores que estuvo más activo en las negociaciones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vice, José Rolandi. En el radicalismo y Hacemos Coalición Federal, se transformó en el principal argumento para explicar su acompañamiento a las propuestas del oficialismo, incluso en artículos con los que no comulgan, como la baja de las alícuotas de Bienes Personales. Algo similar sucede con el restablecimiento de la cuarta categoría de Ganancias, que implicará que más de 1 millón de personas volverán a pagar ese impuesto. 

Las chicanas que esparce por lo bajo la oposición no desvelan al Gobierno, que finalmente logró ratificar el proyecto del paquete fiscal por 144 votos afirmativos, 108 negativos y 3 abstenciones. Los diputados de PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal revirtieron el rechazo del Senado a los capítulos de Ganancias y Bienes Personales, los dos puntos de mayor interés para La Libertad Avanza en el terreno tributario, además del blanqueo, que pasó sin problemas por el tamiz de la Cámara alta, aunque con cambios. 

"Tenemos lo que queremos para dar previsibilidad y atraer inversiones. Nos sirve a nosotros y a los gobernadores, que necesitan recursos. Ellos ahora tendrán más ingresos por Ganancias y el blanqueo", señaló un diputado libertario, en declaraciones a BAE Negocios. 

El oficialismo no sólo reunió el número para insistir con Ganancias, sino que lo hizo por más votos de los que contabilizaba el jueves por la tarde. Obtuvo 136 votos afirmativos, cuatro más de los que esperaba. Hasta último momento, Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei, se encargó en persona de terminar de convencer a algunos diputados opositores.  

La Ley Ómnibus sancionada dista mucho de ser la que Federico Sturzenegger ideó a fines del año pasado, con más de 664 artículos. Afuera quedaron las regulaciones en materia penal y la eliminación de la moratoria previsional, se redujeron las emergencias y delegaciones, y se achicó el listado de empresas públicas sujetas a privatización de 41 a 6, entre otras cosas. Sin embargo, la norma legisla sobre un amplio abanico de cuestiones que son cruciales para el proyecto que Milei prometió llevar adelante, a la vez que es una señal hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI), que venía reclamando la aprobación de la ley.  

El principal objetivo del oficialismo era mantener en pie el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que establece incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros, por 30 años, para proyectos de más de 200 millones dólares. Por fuera de algunas modificaciones que se introdujeron —que el senador radical Martín Lousteau catalogó como "cosméticas"—, el Senado aprobó cada uno de los artículos de ese capítulo, es decir, el corazón de la propuesta del Ejecutivo nacional. 

El Gobierno también consiguió sostener la reforma laboral, menos profunda de la que le gustaría, pero que incidirá directo en la vida de los trabajadores, debido a que extiende el período de prueba y establece un fondo de cese laboral en lugar del sistema de indemnizaciones actual. Así, Milei exhibe en mano lo que otros presidentes, como Mauricio Macri, no pudieron; y lo hace sin cargar sobre sus hombros con denuncias como las del gobierno de Fernando De la Rúa, al que se acusó de haber pagado coimas en el Senado.

Entre los escuetos logros de la oposición está el de haber acortado la lista de empresas a privatizar. El último paso lo dio el Senado, que pidió sacar a Aerolíneas Argentinas, el Correo, y Radio y Televisión Argentina (RTA). Diputados revalidó esa decisión, aunque no todos comparten la mirada de los senadores. Muchos legisladores opositores, entre ellos Miguel Ángel Pichetto —que se mostró dispuesto a debatir el tema en el corto plazo— y Nicolás Massot, consideran que hay que deshacerse de varias de esas compañías, pero no de la manera que propuso la Casa Rosada.

Mientras trabaja en otros proyectos para insistir con la privatización de las empresas que fueron excluidas, el oficialismo podrá adelantarse con la venta de Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Correadores Viales.