El presidente Javier Milei tiene por delante unos de los desafíos más difíciles de los 19 meses de gestión. El Congreso finalmente aprobó una serie de proyectos que desafían a redistribuir recursos fuera de las cuentas oficiales. El Ejecutivo no duda en vetar cada una de las iniciativas impulsadas por la oposición que rompen con el déficit fiscal.

 

Qué es un veto y qué pasos tiene que seguir Milei

El Presidente tiene diez días para aplicar el veto presidencial, una herramienta constitucional que permite impedir la promulgación de un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso. Una vez vetado, el proyecto debe regresar al Congreso donde se abre la posibilidad de una nueva discusión y los legisladores tienen la posibilidad de neutralizar la decisión del Presidente.

En este caso, las iniciativas vuelven primero a la cámara de origen, que en este caso es Diputados. Los legisladores podrán aceptar el veto presidencial e insistir en el tratamiento de la ley. Pero para derribar el veto se requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes.

El aumento de las jubilaciones, la restitución la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad fueron aprobadas por amplia mayoría en ambas cámaras. El Presidente advirtió que si el Congreso no apoya el veto recurrirá a la Justicia. Por ahora sería el camino más seguro para la Casa Rosada.

Ahora la oposición tendrá que conseguir 172 votos para insistir con el proyecto original y Milei necesitará el apoyo de 86 legisladores para confirmar su veto. Esto mismo sucedió en septiembre de 2024. El Gobierno vetó un aumento del 8,2% a las jubilaciones y consiguió sostener el veto gracias a “87 héroes”. Si ambas Cámaras del Congreso aprueban nuevamente el proyecto con una mayoría calificada (generalmente dos tercios), el veto queda anulado y el proyecto se convierte en ley. 

Las tensiones con los gobernadores hacen pensar que esta vez no conseguirá el apoyo legislativo de las provincias. No hay intensiones de conciliar con los mandatarios provinciales, ni tampoco convocarlos a la Casa Rosada. Las provincias tampoco quieren desistir de sus reclamos por mayores ingresos de coparticipación. El Gobierno cree que lo de ayer en el Senado buscó “dar un golpe institucional”. Milei acusó a los gobernadores querer "destruir al Gobierno Nacional” y "romper el país". 

Por las cuentas que sacan en el Congreso, las iniciativas aprobadas ayer recién volverán al recinto después de las vacaciones de invierno. La judicialización recién llegará en segunda instancia  y con la expectativa de que la Justicia se expida después de las elecciones de octubre. Sin embargo, el Ejecutivo no pierda la esperanza de poder sostener los vetos en la instancia legislativa.