Las autoridades de la secretaría de Trabajo y las organizaciones gremiales de estatales mantendrán un encuentro este viernes desde las 15 en el marco de las paritarias del sector público. En lo que fue la última reunión el Gobierno convocó a las representaciones gremiales sin concretar un ofrecimiento formal y el mismo día que se hizo efectiva una fuerte represión policial a trabajadores y trabajadoras que reclamaron por los despidos en el ámbito estatal.

Para los datos económicos la negociación del convenio 214/06 finalizó su periodo 2022-2023 en mayo con una pérdida del poder adquisitivo del 22,4% estimaron las organizaciones gremiales, Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclaman que el aumento a otorgarse supere la inflación y que no se defina en cuotas para hacerse efectivo. “Necesitamos la inyección de recursos para todos los trabajadores con urgencia y en un solo pago” le manifestó a BAE Negocios el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar.

El sindicalista patagónico consideró que son los propios datos oficiales los que muestran que la presión inflacionaria sobre los salarios continúa. De allí que estiman para el porcentaje a definir un margen por encima de la evolución que han tenido los precios en los últimos meses. “El congelamiento salarial que decidió aplicar el Gobierno empujó a decenas de miles de estatales bajo la línea de la pobreza sólo en el último trimestre. Y el superávit fiscal que el Gobierno festeja se logra por deterioro en las condiciones de vida de empleados públicos”.

La gestión Milei resolvió retrasar los sueldos de la administración pública como mecanismo para contener la inflación y el propio Presidente sostuvo en discursos que esos salarios no se ajustaron a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los últimos incrementos acordados fueron 16% en enero, 12% en febrero y 8% en marzo. ATE rechazó esos porcentajes, pero el gremio mayoritario del sector, UPCN, lo convalidó.

Otro tema conflictivo de fondo con los sindicatos estatales son las cesantías de contratos en distintos organismos, como en el INTI y el Ministerio de la Mujer entre otros. En ese marco, la gestión libertaria anticipó que habrá más recortes de contratos en el Estado, hasta completar una cifra de 70.000 personas.