En la ciudad de Buenos Aires hay más 2.000 detenidos en comisarías y alcaidías, el doble de la cantidad de plazas habilitadas en el distrito.

“Hubo un total de 41 fugas en el 2023 y, en el primer trimestre de este año, tuvimos 10; eso indica que estamos dentro de las estadísticas del año pasado. En lo que va de este año, tuvimos 13, pero teniendo un 22% más de detenidos por robos y hurtos”, dijo el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. El funcionario argumentó que el aumento de capturados responde a un cambio en la actitud de alerta de la Policía de la Ciudad, con la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas (UDI) y múltiples operativos de saturación.

Así lo expresó en una conferencia de prensa a la que asistió Grupo Crónica en la sede del Gobierno porteño del barrio de Parque Patricios, que estuvo encabezada por el jefe del Ejecutivo capitalino, Jorge Macri; y en la que participaron también el secretario de Seguridad y titular de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz; y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

Tanto las comisarías como las alcaidías carecen de infraestructura para brindar un alojamiento prolongado, debido a que son espacios destinados a una ocupación transitoria por un máximo de 72 horas, así como tampoco cuentan con medidas de seguridad adecuadas.

En 2020 había 60 detenidos en esas dependencias. En las mismas que en la actualidad están alojados más de 2.000. Y tienen una capacidad habilitada para 1.000 presos.

La administración porteña considera que casi todos los presos alojados en esas dependencias deberían estar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que, en esta gestión nacional, pasó del Ministerio de Justicia al de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

“El 90 y pico por ciento de los detenidos son por delitos de orden nacional o federal, no son de la Ciudad; o sea que hay un problema de incompetencia judicial”, planteó en la conferencia Macri.

El Gobierno porteño asegura que, desde el punto de vista legal, no son detenidos comunes, sino que muchos ya tienen condena firme y deberían estar en un penal.

“La fuga de San Telmo la inició un condenado a 6 años de prisión. Ni siquiera un detenido con prisión preventiva”, ejemplificó Wolff.

El funcionario se refirió luego a qué responde la superpoblación en comisarías y alcaidías situadas en Capital Federal. “Con el inicio de la pandemia (de Covid-19), dejan de llevarse a los presos porque empiezan a ser indagarlos por (la plataforma de videoconferencia) Zoom. Y no se los llevaron más”, puntualizó el ministro de Seguridad porteño.

El jefe de Gobierno capitalino, a su turno, recordó una conversación que mantuvo recientemente con Cristian Ritondo, actual diputado nacional del PRO y ex ministro de Seguridad bonaerense.

“‘Nosotros, en la provincia, cuando teníamos 3.000 detenidos era catástrofe; no me quieren imaginar cómo están ustedes en la ciudad’, me dijo Ritondo”, rememoró Macri resaltando la gravedad de la situación, en una comparación con la de un territorio mucho mayor como el bonaerense.

Las nuevas medidas del Gobierno porteño en procura de revertir la superpoblación carcelaria

El Gobierno porteño anunció medidas en procura de revertir la superpoblación carcelaria del distrito y anticipó que, para concretarlas, avanzará con un decreto de Emergencia Edilicia en alcaidías y comisarías de la Ciudad.

Impulsará la construcción de una Alcaidía Central en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Ya se aprobó la primera parte de la licitación para arrancar las obras. Tendrá 400 plazas. “Va a llevar un año”, estimó Macri al referirse al tiempo de edificación.

El jefe de Gobierno porteño agregó: “Permitirá a los detenidos tener condiciones dignas y brindará seguridad”. Luego, el titular de la Policía de la Ciudad anticipó que se construirá en el límite con el partido bonaerense de Lanús, frente al Riachuelo.

Por otra parte, se instalarán 19 módulos de detención armados con containers, que estarán equipados y preparados para 300 presos. Estarán ubicados en predios de las comisarías comunales 12 (Saavedra), 15 (Chacarita), y 4D (Barracas).

Kravetz, preguntado por Grupo Crónica sobre cuándo se inaugurarán, respondió: “Ya se están implementado; en dos o tres meses”. Y el jefe de Gobierno porteño agregó: “Nos autoimpusimos un plazo máximo de 90 días”.

Por otro lado, se incorporarán tobilleras electrónicas. Este mecanismo de rastreo, se explicó, permitirá controlar a los detenidos que tengan arresto o prisión domiciliaria con la garantía necesaria, ya que van a estar monitoreados las 24 horas. “Tenemos 2.000 tobilleras electrónicas”, especificó Kravetz.

Asimismo, se retomarán las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar los presos de la cárcel de Devoto, como se comprometió la Ciudad. “Estimamos que se inaugurará en diciembre de 2025”, sostuvo Macri.

Por último, el Gobierno porteño pondrá a sus especialistas en cuestiones legales para colaborar en la eventual extradición de detenidos de otros países que permanecen en comisarías de la Ciudad. Según datos de la administración capitalina, en las seccionales portñas hay 340 detenidos extranjeros, muchos con condena

Por Juan Bernardo Domínguez

@juanbjd.