El senador nacional de Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto en la Cámara de Senadores para establecer sanciones penales contra quienes manifiesten conductas negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

"Sanción Penal a Conductas Negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad" se titula el proyecto para la modificación del artículo 213 del Código Penal. De esta forma, se busca establecer penas "de un mes a un año de prisión a quien hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito".

Además, la propuesta plantea reprimir con tres meses a dos años de prisión, o la multa equivalente de uno a cien salarios mínimos, vital y móvil, a quien públicamente "negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional".

En esta línea, se considerará como agravante de delito el "carácter de funcionario público" y se requerirá la "destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena".

La iniciativa firmada por el senador del Frente de Todos fue girada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que encabeza el oficialista neuquino Oscar Parrilli.

La fundamentación del proyecto incluye y destaca los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. "Son comportamientos y discursos que niegan determinadas realidades y hechos históricos relevantes, percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia", indica.

Europa lleva la delantera en materia de leyes contra el negacionismo. Con sus características y particularidades, Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Liechtenstein y Letonia son algunas naciones donde se reglamentó el tema.

Austria es uno de los países que aplica las sanciones más duras, ya que estipula castigos con "pena prisión de entre 1 y 10 años y, en caso de especial peligrosidad del reo o de la actividad, de hasta 20 años".

En Sudamérica aparece la experiencia de Perú, cuando en 2012 presentó un proyecto llamado "Negacionismo de los delitos de terrorismo", aunque fue cajoneado y nunca se aprobó.

En tanto, en Chile comenzó a debatirse el año pasado un proyecto de ley que castigue los actos de negacionismo ante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, aún sin aprobación ni tratamiento parlamentario.