La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este viernes la condena de Enrique Blaksley Señorans a ocho años de prisión. El fallo, firmado por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, confirmó que Blaksley lideró una asociación ilícita dedicada a estafas masivas y lavado de activos bajo la fachada de la empresa Hope Funds.

Enrique Blaksley Señorans fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de:

• Asociación ilícita: por liderar una organización destinada a cometer múltiples estafas.
• Estafas reiteradas: en perjuicio de más de 300 inversores.
• Lavado de activos: por blanquear el dinero captado a través de su esquema Ponzi mediante una red de más de 60 sociedades, algunas con vínculos internacionales.

Blaksley, conocido como el "Madoff argentino", defraudó a más de 300 inversores mediante un esquema Ponzi que prometía rendimientos extraordinarios pero insostenibles. Según la sentencia, el empresario construyó un entramado de más de 60 sociedades, algunas con vínculos internacionales, para captar fondos de manera ilícita.

Las víctimas, muchas de las cuales confiaron a Blaksley los ahorros de toda su vida, relataron cómo fueron seducidas por exorbitantes campañas de prensa, marketing y branding corporativo. 

El empresario proyectaba una imagen de éxito comercial y solvencia mediante asociaciones con reconocidas figuras públicas, eventos de alto perfil y el uso de marcas prestigiosas. Estas estrategias buscaban generar confianza entre los ahorristas, mientras que los vendedores cercanos a las víctimas fomentaban el "boca a boca" para ampliar el alcance del fraude.

El juez Slokar, en disidencia parcial, sostuvo que debían decomisarse los bienes de Blaksley tanto en Argentina como en el extranjero, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

La disidencia en relación con el decomiso de bienes de Blaksley subraya la complejidad de abordar fraudes de gran escala en un contexto globalizado. A medida que el sistema judicial argentino busca sentar un precedente en la lucha contra el fraude financiero, la discusión sobre la extensión del decomiso y la capacidad de la justicia para actuar sobre bienes en el extranjero se convierte en un tema crucial, no solo para este caso en particular, sino para el futuro manejo de delitos económicos en el país.

El fallo cierra un capítulo emblemático en la historia judicial argentina, que reflejan la magnitud y complejidad del caso, dejando expuesta la devastación causada por un esquema Ponzi que afectó a cientos de familias.