Organizaciones de veteranos de Malvinas le pidieron a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), María Fernanda Raverta, que revise la pensión honorífica que se le otorga al exlíder carapintada Aldo Rico a raíz del llamamiento “golpista” que hizo en estos últimos días. 

El hecho se dio a conocer a través de un video en donde apareció Rico convocando a los militares para organizar un “alzamiento” contra el gobierno de Alberto Fernández, lo que dio como resultado el repudio total de sus dichos y dos denuncias penales: una del procurador general adjunto de la Nación, Víctor Abramovich, que tramita ante el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo; y otra de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue asignada al juzgado que conduce el magistrado Sebastián Casanello.

Aldo Rico llamó a los militares a levantarse contra el Gobierno

En ese sentido, el colectivo de exsoldados CECIM de La Plata expresó: “Repudiamos las expresiones de los responsables de la derrota de Malvinas, como lo es Aldo Rico y cuanto militar protegido por un Poder Judicial que no actúa en consecuencia ante semejantes manifestaciones anti democráticas”. 

También mencionaron el artículo sexto del decreto 1357/04, que "impide el acceso al beneficio a los militares que fueron sancionados por delitos contra el orden constitucional y la vida democrática", y pidieron al Estado que tomen cartas en el asunto, incluyendo la revisión de la pensión de Rico.

"Solicitamos al Ministerio de Defensa de la Nación que tome todas las medidas del caso para que personas que distan mucho de haberse rozado con el honor, con semejante prontuario sigan manteniendo el grado militar, ofendiendo a San Martín y Belgrano", señalaron. 

Sobre la pensión de Anses para excombatientes, los involucrados hicieron hincapié en "irregularidades en el otorgamiento y continuidad de beneficios contemplados en la ley 23.848", que justamente otorga esa "Pensión Honorífica". 

"Bregamos por el cumplimiento de dichas normas y más aún por tratarse de un universo de beneficiarios donde muchos de ellos formaron parte de las estructuras de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico militar, que incluyó la Guerra de Malvinas", sostiene el documento, que también consideró que Rico "ya recuperada la democracia, cometieron actos ilícitos como los episodios llevados a cabo en los alzamientos en los años 1987, 1988 y 1991".

“Por tratarse de recursos que surgen del erario, consideramos que la Anses debe verificar si en este caso se viola lo establecido en el artículo 6§ del decreto 1357/04", sintetizaron en el comunicado apuntando a Fernanda Raverta.