El Gobierno cuestionó el proyecto de ley que extiende por dos años la moratoria previsional sancionado el 10 de julio por el Senado por entender que, además de implicar un gasto cuyo financiamiento no está contemplado, propicia un “tratamiento desigual” en detrimento con quienes realizaron sus aportes previsionales con regularidad y que, aseguró, son los que finalmente terminan financiando un “esquema paralelo” en favor de quienes no los hicieron.

El proyecto de ley quedó registrado con el número 27.792 y fue vetado a través del decreto 534/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, ya que el Poder Ejecutivo consideró que “no contiene disposición alguna referida a cómo se financiará el gasto que conlleva".

La iniciativa regula cuestiones vinculadas con la moratoria previsional y con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prorrogándola por 2 años, en los que se permite “el acceso a prestaciones jubilatorias sin la acreditación de los aportes efectivos exigidos por el régimen general”.

También reduce la edad mínima requerida para la PUAM para mujeres de 65 a 60 años, además de suprimir las evaluaciones patrimoniales y socioeconómicas como condición de acceso a las PUAM en general.

 

Qué es la moratoria previsional

La moratoria previsional es un mecanismo que permite a las personas que no llegaron a completar los 30 años de aportes requeridos para jubilarse, regularizar esos años no aportados y así acceder a una jubilación con un plan de pagos.

Estas personas pueden “comprar” los años de aportes mediante un plan de cuotas que se descuentan de su haber jubilatorio cada mes y, de esta manera, no quedan excluidas del sistema previsional.

Veto a la moratoria: de transitoria a ordinaria

En su fundamentación, el Gobierno cuestionó las moratorias previsionales en general, por entender que si bien “fueron originalmente diseñadas como medidas excepcionales para facilitar el acceso a una prestación” su aplicación reiterada “ha transformado ese mecanismo transitorio en una vía ordinaria de acceso al sistema, consolidando un esquema paralelo al régimen contributivo”.

Esa situación, interpretó, “socava los incentivos a la formalidad laboral, traslada los costos de la medida al conjunto de los aportantes actuales y genera un trato abiertamente desigual frente a quienes cumplieron íntegramente con los 30 años de servicios con aportes requeridos por la ley”.

Asimismo, planteó que la consecuencia de la implementación de las moratorias llevó a un sistema previsional que en la actualidad cuenta con 7.513.917 de beneficios contributivos, de los cuales 4.124.455 fueron otorgados a través de esa vía, es decir el 54,89% del total, una proporción que “aumentaría aún más” si no se vetase la ley.

 

Qué gasto representa

 

La extensión de la moratoria “implicaría erogaciones netas estimadas en $156.169.600.000 para el año 2025, equivalente al 0,02% del PBI y de $1.172.832.200.000 en 2026, equivalente al 0,12% del PBI”, sostuvo el Gobierno, en tanto las reformas propiciadas al régimen de la PUAM conllevan un aumento del gasto de $148.513.600.000 equivalente a 0,02% del PBI para 2025 y de $704.506.400.000 (0,07% del producto) para 2026.

“Estas modificaciones configuran un riesgo cierto de una significativa expansión futura del gasto previsional a partir del segundo semestre de 2027, sin aportar solución o propuesta alguna para solventar dicho aumento exponencial”, alertó.

Por otra parte, advirtió que el proyecto vetado “permite que la cancelación de los aportes adeudados se efectúe en cuotas a descontar del haber previsional”, de lo que se desprende que “será el sistema previsional el que financie dicha cancelación, tornando aún más inequitativa la situación frente a aquellas personas que realizaron los aportes en tiempo y forma”.

 

Desigualdad de género

 

En cuanto a la modificación en la edad de acceso de las mujeres a la PUAM, consideró que la iniciativa “crea una desigualdad normativa entre géneros, introduciendo un trato diferencial e injustificado que contradice la tendencia internacional dirigida a un aumento y unificación de las edades de retiro en función de la mayor esperanza de vida y de los avances sociales obtenidos”.

Respecto a la supresión de las evaluaciones patrimoniales y socioeconómicas previstas como condición de acceso a la PUAM, así como la compatibilidad con el empleo en relación de dependencia o por cuenta propia y con el cobro de una pensión por viudez, la cuestionó por ser “un avance hacia su virtual universalización” que “desnaturaliza el carácter focalizado y asistencial que define a esta prestación no contributiva”.