El Consejo de Ministros de España aprobará este martes el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, sin afectar los salarios. La medida beneficiará a 12 millones de trabajadores y busca mejorar la calidad del empleo.

La reducción de jornada es una de las principales iniciativas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y forma parte del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar. Sin embargo, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme rechazaron la iniciativa, argumentando que la jornada laboral debe establecerse mediante negociación colectiva.

 

Horarios

El Gobierno español espera que el Congreso de los Diputados apruebe la norma antes del verano, tras recibir los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Luego, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos.

El proyecto establece que los contratos a tiempo parcial con una duración igual o superior a 37,5 horas semanales se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo. En cambio, quienes trabajen menos de 37,5 horas podrán mantener su jornada reducida, con un aumento salarial proporcional.

Los empleados que reduzcan su jornada por cuidado de familiares, violencia de género o terrorismo mantendrán sus derechos hasta el 31 de diciembre de 2026. También podrán adaptar su horario según la nueva normativa.

Además, el gobierno revisará en 18 meses las jornadas especiales de trabajo, junto con los agentes sociales, para adecuar los límites de horas extraordinarias, nocturnas y de descanso.

 

Sanciones más duras

Las empresas que incumplan la reducción de jornada y el registro horario enfrentarán sanciones más severas, con multas que alcanzarán los 10.000 euros por trabajador afectado.

Hasta ahora, las infracciones se castigaban con un máximo de 7.500 euros, pero el nuevo esquema eleva las sanciones y aplicará multas por cada trabajador, en lugar de una penalización global.

Las sanciones se dividen en tres categorías:

*Grado mínimo: de 1.000 a 2.000 euros.

*Grado medio: de 2.001 a 5.000 euros.

*Grado máximo: de 5.001 a 10.000 euros.

Las infracciones incluyen el incumplimiento de horarios, trabajo nocturno, horas extra, descansos, vacaciones, permisos y registro de jornada.

 

Derecho a la desconexión

El anteproyecto también endurece las reglas del registro horario en las empresas para evitar fraudes. A partir de la nueva norma, el registro deberá ser digital, garantizando su veracidad y permitiendo el acceso en tiempo real a los empleados, sus representantes y la Inspección de Trabajo.

Cada trabajador deberá registrar sus horas ordinarias, extraordinarias y complementarias en un sistema digital, y la empresa deberá entregar un resumen mensual junto con el recibo de salario. Además, se exigirá que la totalidad del tiempo transcurrido entre el inicio y fin de la jornada sea considerado tiempo de trabajo efectivo.

El gobierno también refuerza el derecho a la desconexión digital, garantizando que ningún empleado deba responder comunicaciones fuera de su jornada laboral. Este derecho será irrenunciable, y cualquier represalia empresarial quedará prohibida.