El Parlamento de Corea del Sur aprobó este martes una ley que ordena investigar por cargos de insurrección al presidente Yoon Suk-yeol y altos funcionarios de su gobierno. La medida, que contó con 210 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones, establece la designación de un fiscal especial permanente para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 3 de diciembre, cuando se decretó la ley marcial de manera breve e inconstitucional, según las acusaciones.
El proyecto, denominado “Solicitud de investigación del fiscal especial para descubrir la verdad sobre la rebelión mediante la declaración de la ley marcial inconstitucional” , sienta un precedente en el sistema judicial surcoreano, ya que este tipo de fiscales no puede ser vetado por el presidente, aunque sí existe la posibilidad de retrasar su nombramiento.

Entre los investigados se encuentran el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, recientemente detenido; el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Park An-su; y el primer ministro, Han Duck-soo. También figuran el comandante de contrainteligencia, Yeo In-hyung, y el exlíder parlamentario del Partido del Poder del Pueblo, Choo Kyung-ho.

El Ministerio de Justicia de Corea del Sur prohibió al presidente Yoon salir del país y lo investiga por sospechas de traición, rebelión y abuso de poder. Asimismo, no se descarta su detención. La Policía ha formado un equipo especial compuesto por 150 investigadores para llevar adelante el caso.

La ley marcial fue decretada el 3 de diciembre en un discurso de emergencia del presidente Yoon, en medio de tensiones con el bloque opositor. El detonante fue la rápida aprobación de un presupuesto reducido en una comisión parlamentaria dominada por la oposición, así como la presentación de mociones para destituir a un auditor estatal y al jefe fiscal.

Aunque la medida se levantó poco después, la declaración de la ley marcial generó críticas severas de los partidos opositores, quienes la calificaron como un acto "inconstitucional" y un abuso de poder sin precedentes.