La fiscalía de Corea del Sur acusó de insurrección al presidente suspendido Yoon Suk Yeol, un cargo que, de ser hallado culpable, podría conllevar como castigo la pena de muerte para el mandatario. Este proceso convierte a Yoon en el primer presidente titular de la historia del país en ser imputado bajo detención, a la par que también enfrenta un juicio político en curso.

Todo comenzó el 3 de diciembre pasado, cuando Yoon y el entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, supuestamente conspiraron para declarar una ley marcial inconstitucional. Según las acusaciones, la medida se implementó sin que existieran circunstancias como guerra, conflicto armado o crisis nacional que la justificaran. Además, Yoon está señalado de desplegar fuerzas militares en el Parlamento, impidiendo a los legisladores votar para anular la controvertida ley, informa la agencia oficial Yonhap.

Los fiscales también acusan a Yoon de planear el arresto de figuras políticas clave, como el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, y líderes de partidos opositores. Estas acciones, según la fiscalía, no solo vulneraron la democracia sino que evidencian un abuso extremo de poder.

La imputación llegó apenas un día antes de que finalizara el período de detención de Yoon, quien fue arrestado por la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) el pasado 15 de enero. Sin embargo, dado que la CIO carece de poder para formular cargos contra un presidente en funciones, el caso fue transferido a la fiscalía.

Los fiscales en tanto enfrentan una situación compleja tras la negativa de un tribunal de Seúl a extender el período de arresto. Esa decisión, según los fiscales, limita las investigaciones complementarias necesarias para fortalecer el caso.Sin la posibilidad de interrogar directamente al expresidente, el equipo investigador basó su imputación en una revisión exhaustiva de las pruebas reunidas durante el proceso. 

Yoon también enfrentaba acusaciones de abuso de poder, pero estas fueron retiradas debido a la inmunidad presidencial que protege a un mandatario de cargos que no involucren insurrección o rebelión. A pesar de ello, la fiscalía sostiene que las pruebas disponibles justifican proceder con la imputación por insurrección, una cadena de delito cuya condena puede ser perpetua o incluso pena de muerte. Cabe señalar que Corea del Sur no ha ejecutado a ningún condenado desde 1997, lo que deja en suspenso si, en caso de condena, se impondría la pena capital.

Durante una audiencia en el Tribunal Constitucional, Yoon y su defensa argumentaron que la ley marcial declarada fue solo una advertencia al partido opositor, al que acusaron de bloquear los asuntos del Estado. Sin embargo, este argumento no ha disipado las preocupaciones sobre el uso autoritario del poder presidencial.

El Tribunal Constitucional tiene ahora 180 días para decidir si ratifica la destitución parlamentaria de Yoon o lo restituye en su cargo. Este proceso podría marcar un antes y un después en la política surcoreana, mientras el país observa de cerca el desenlace de uno de los juicios más importantes en su historia democrática.