El destituido mandatario de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se convirtió hoy en el primer presidente de Corea del Sur en ser detenido para ser interrogado por el delito de insurrección, 43 días después de que su insólita declaración de la ley marcial sumiera a Corea del Sur en un caos político sin precedentes.

Según informa la agencia oficial Yonhap, Yoon se negó a declarar en el interrogatorio sobre su efímera imposición de la ley marcial, de acuerdo con la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, según su acrónimo en inglés).

Yoon fue interrogado en la sede de la CIO, en Gwacheon, al sur de Seúl, tras ser transportado en un convoy que salió del complejo de la residencia presidencial poco después de las 10:33 a.m. hora local, cuando la CIO ejecutó su orden de detención.

"Tengo entendido que se está negando a testificar", dijo un funcionario de la CIO a los periodistas, agregando que estaba prevista otra sesión para la tarde.

La sesión de la mañana se llevó a cabo dentro de una sala de interrogatorio y fue liderada por Lee Jae-seung, vicejefe de la CIO, con la presencia de los abogados de Yoon. El interrogatorio no fue grabado en vídeo debido a la oposición de Yoon, según la CIO.

Los investigadores tienen un plazo de 48 horas, desde el momento de su detención, para solicitar una orden de arresto oficial en su contra.

Después de ignorar tres pedidos de las autoridades judiciales para que se presente a declarar y de un fallido primer intento de detención a principios de este mes, los investigadores lo apresaron bajo cargos de liderar una insurrección, uno de los pocos delitos que según la ley surcoreana deja sin efecto su inmunidad presidencial ante un procesamiento penal.

La detención de Yoon se concretó 15 días después de que un tribunal emitiera una nueva orden de arresto en su contra.

El primer intento de detenerlo, el 3 de enero, fue frustrado por el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS, según sus siglas en inglés), después de un enfrentamiento que duró seis horas.

En un vídeo grabado antes de dirigirse a la oficina de la CIO, Yoon lamentó que el Estado de derecho de la nación "se haya derrumbado por completo", diciendo que decidió asistir al interrogatorio de la CIO para "evitar enfrentamientos físicos" entre los investigadores y su equipo de seguridad.

El mandatario destituido enfatizó que, aunque "se trata de una investigación ilegal", y que aceptó comparecer ante la CIO solo para evitar "un horrible derramamiento de sangre".

Los abogados de Yoon aseguraron que la orden de arresto es "ilegal", porque fue emitida por un tribunal en "la jurisdicción equivocada" y porque el equipo creado para investigar a su cliente "no tiene" la autoridad legal para hacerlo.

Yoon, que está suspendido de sus funciones tras su destitución, por parte de la Asamblea Nacional, el 14 de diciembre, está acusado de ordenar el envío de tropas a la Asamblea Nacional, después de declarar la ley marcial, para impedir que los legisladores votaran en contra del decreto.

Yoon argumenta que el decreto de la ley marcial fue un "acto de gobierno", y por lo tanto no puede estar sujeto a una sentencia judicial.

Además de la investigación penal de la CIO, hay un proceso en marcha en el Tribunal Constitucional para definir si se ratifica la destitución parlamentaria de Yoon o debe ser restituido en su cargo, en un proceso que podría tardar hasta 180 días.