El Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. (DOGE), encabezado por Elon Musk, informó que en el breve tiempo que lleva en acción ya redujo los gastos del Gobierno Federal en aproximadamente 1.000 millones de dólares diarios. En esa línea de recortes de gasto estatal, el presidente Donald Trump ofrece una compensación de ocho meses de salario a los empleados federales que renuncien a sus puestos.

La oficina de Musk puntualizó que la reducción de gastos se logró "sobre todo al detener la contratación de personas en puestos innecesarios, eliminar los DEI [programas de diversidad, equidad e inclusión] y detener los pagos indebidos a organizaciones extranjeras, todo ello en consonancia con las órdenes ejecutivas del presidente". "Un buen comienzo, aunque esta cifra debe aumentar a más de 3.000 millones de dólares diarios", expresó el grandilocuente mensaje.

Trump puso fin a los proyectos DEI, promovidos durante el mandato de Joe Biden, calificándolos de "programas de discriminación ilegales e inmorales". El mandatario también suspendió todos los programas de ayuda exterior de Washington durante 90 días (a excepción de Israel y Egipto), en los cuales se determinará cuáles están alineados con la agenda política presidencial.

 

Recortes

A principios de año, la Oficina Presupuestaria del Congreso publicó un informe que advierte que EE.UU. está a punto de añadir billones de dólares a su deuda nacional durante la próxima década, debido a crecientes gastos y a cambios previstos para el segundo mandato de Trump.

En este contexto, se conoció que la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus iniciales en inglés), que gestiona los recursos humanos del gobierno estadounidense, anunció que se ofrecerán paquetes de liquidación a todos los empleados federales que presenten su renuncia antes del próximo 6 de febrero.

La OPM advirtió sobre potenciales recortes de plantilla en distintas agencias federales, e informó que aquellos que dejen su puesto de manera voluntaria a más tardar la próxima semana contarán con los beneficios del "programa de dimisión diferida", que incluyen una compensación salarial equivalente a ocho meses de trabajo, informa RTenespañol.

 

Idoneidad

"Si presenta su dimisión en el marco de este programa, conservará todos los pagos y beneficios independientemente de su carga de trabajo diaria y estará exento de todos los requisitos de trabajo presencial hasta el 30 de septiembre de 2025 (o antes, si decide acelerar su dimisión por cualquier motivo)", escribió la agencia gubernamental en un correo electrónico enviado a más de dos millones de empleados federales.

Mientras que aquellos que  decidan permanecer en su puesto no cuentan con garantías de que lo preservarán y de que evitarán los recortes, advirtió la OPM. No obstante, las autoridades aseguraron que quienes finalmente terminen perdiendo el trabajo, serán tratados "con dignidad" y tendrán todas las protecciones previstas por la legislación estadounidense.

Recordando a lo que está haciendo en la Argentina desde su asunción el presidente Javier Milei, el organismo estadounidense subrayó que "los empleados estarán sujetos a estándares más estrictos de idoneidad y conducta", señalando que "la fuerza laboral federal debería estar compuesta por empleados que sean confiables, leales, dignos de confianza y que se esfuercen por la excelencia en su trabajo diario".

 

Respuesta sindical

Por su parte, Everett Kelley, presidente del sindicato AFGE (Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales), declaró en un comunicado que la propuesta de la OPM "no debería verse como voluntaria", sino como una forma de presionar a los trabajadores para que renuncien a sus empleos.

"Purgar el Gobierno federal de funcionarios públicos dedicados a su carrera tendrá vastas consecuencias no intencionadas que provocarán el caos entre los estadounidenses que dependen de un Gobierno federal que funcione", aseveró.

"Entre la avalancha de órdenes ejecutivas y políticas contra los trabajadores, está claro que el objetivo de la Administración Trump es convertir al Gobierno federal en un entorno tóxico donde los trabajadores no puedan quedarse aunque quieran", concluyó Kelley.