La política de recortes implementada por Donald Trump desde el inicio de su mandato vuelve a estar bajo la lupa tras las trágicas inundaciones en Texas, que dejaron más de 100 muertos y decenas de desaparecidos. Las dudas sobre la capacidad de respuesta del gobierno federal, debilitada por los ajustes presupuestarios, reavivan el debate sobre el rol del Estado frente a los desastres naturales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) sufrieron una fuerte reducción de recursos. Legisladores demócratas, encabezados por el senador Chuck Schumer, exigen una investigación urgente para determinar si la falta de personal en estaciones clave del NWS contribuyó a la catástrofe. Según datos publicados por The New York Times, las oficinas de pronóstico en el centro de Texas operaban con vacantes críticas la madrugada del 4 de julio, cuando las lluvias arrasaron varias ciudades sin previo aviso efectivo.

Schumer advirtió que los puestos vacantes correspondían a especialistas encargados de monitorear el ascenso de ríos, emitir alertas y coordinar evacuaciones con autoridades locales. “La escasez de personal puede haber sido determinante en la falta de advertencias tempranas”, señaló.

Aunque la Casa Blanca niega que los recortes hayan afectado la respuesta, informes de CNN y otros medios advierten que un tercio de las estaciones meteorológicas del país carecen de meteorólogos de nivel senior. Además, la administración Trump promovió el cierre de laboratorios de investigación climática, según lo previsto en el Proyecto 2025, un plan conservador que plantea reducir el gasto federal en previsiones y traspasar responsabilidades a empresas privadas.

Las inundaciones sorprendieron a la población de Kerrville y otras localidades, donde residentes y autoridades locales manifestaron públicamente que no recibieron advertencias a tiempo. Joe Herring Jr., alcalde de Kerrville, lamentó la pérdida de vidas y criticó la falta de información oficial.

El debate sobre el papel del Estado frente a las emergencias no es nuevo en la agenda de Trump. Desde su llegada a la Casa Blanca, impulsó una política de reducción del gobierno federal en áreas clave, promoviendo que los gobiernos estatales asuman mayores responsabilidades. Incluso propuso eliminar FEMA, organismo central en la gestión de catástrofes. Sin embargo, ante la magnitud del desastre, el propio Trump declaró rápidamente la zona como desastre mayor, medida que habilita la asistencia federal.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt intentó calmar las críticas al afirmar que “el presidente quiere que los ciudadanos tengan lo que necesitan, ya sea por gestión estatal o federal”. Pero otros informes advierten que la Casa Blanca tomó decisiones sobre el manejo del desastre de forma directa, sin pasar por los canales habituales de FEMA, lo que alimenta sospechas de favoritismos políticos.

La tragedia en Texas deja al descubierto las vulnerabilidades que surgen cuando los servicios de prevención y respuesta no cuentan con los recursos suficientes. Aunque algunos funcionarios del actual gobierno defendieron el accionar del NWS, admitieron que hubo fallas en la cadena de comunicación local. Rick Spinrad, titular de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, sostuvo que la emisión de alertas fue adecuada, pero que la ausencia de un coordinador clave en la oficina de San Antonio, vacante desde abril por el plan de retiros anticipados impulsado por el gobierno federal, podría haber afectado el último tramo del operativo.

Las causas definitivas del desastre todavía se investigan. Pero la combinación de recortes presupuestarios, vacantes sin cubrir y una creciente frecuencia de fenómenos extremos evidencia los riesgos de minimizar el rol del Estado en la protección civil.