Un fallo judicial en el sur de Texas sacudió los cimientos de la política migratoria impulsada por Donald Trump. El juez Fernando Rodriguez Jr. prohibió de forma permanente la deportación de venezolanos basada en la Alien Enemies Act (AEA), una ley sancionada en 1798 para tiempos de guerra. La decisión representa el primer bloqueo definitivo contra el uso de esta norma por parte de la administración republicana y reaviva el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Rodriguez, magistrado nominado por el propio Trump, fue categórico: "El historial deja en claro que la invocación presidencial de la AEA mediante la Proclamación excede el alcance del estatuto y contradice el significado llano y ordinario de sus términos". En su resolución, subrayó que la proclamación no sugiere que exista una "invasión organizada" ni una "incursión predatoria" por parte de Venezuela, condiciones que exige la ley.

La Alien Enemies Act fue invocada solo tres veces en la historia de Estados Unidos: durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y tras los atentados del 11 de septiembre. Nunca antes un presidente la había utilizado en tiempos de paz para deportar migrantes, mucho menos para sortear los procesos establecidos en las leyes de inmigración, destacó The Wall Street Journal.

Trump la usó en marzo para justificar la detención y expulsión de presuntos integrantes del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano. Sin audiencias ni revisión judicial, cientos de personas fueron enviadas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Según el Departamento de Seguridad Nacional, todos eran miembros de la banda. Una investigación del programa 60 Minutes reveló que el 75% no tenía antecedentes penales.

El gobierno ya había ignorado una orden del juez James Boasberg, que desde Washington intentó frenar las expulsiones. Alegó que el fallo no tenía validez porque los vuelos ya estaban en el aire. Pero registros de vuelo indicaron que al menos dos aviones partieron desde Estados Unidos hacia Honduras y El Salvador después del fallo. La Corte Suprema anuló ese primer intento de freno, alegando que la jurisdicción correspondía a Texas, donde ahora el juez Rodriguez falló en contra del Ejecutivo.

La tensión escaló con declaraciones de altos funcionarios de la Casa Blanca. El vicepresidente JD Vance y el asesor Stephen Miller cuestionaron abiertamente la autoridad de los jueces. La Casa Blanca no respondió a los pedidos de comentarios, informó Forbes, pero sostuvo que las deportaciones no violaron las órdenes judiciales, ya que fueron ejecutadas por el Departamento de Defensa y no por Seguridad Nacional, el organismo al que apuntaban los fallos.

La estrategia del Ejecutivo profundizó la preocupación en sectores jurídicos. Lee Gelernt, abogado de la ACLU que llevó el caso, sostuvo: “El tribunal dictaminó correctamente que el Presidente no tiene autoridad para declarar una invasión y luego usar una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz. El Congreso nunca pretendió que esta ley se usara de esta manera”.

La Corte Suprema ya intervino parcialmente: ratificó que quienes sean designados como "extranjeros enemigos" tienen derecho a ser notificados antes de su expulsión y a impugnarla ante un juez del distrito correspondiente. Además, tribunales en Colorado y en el norte de Texas bloquearon nuevos intentos de usar la AEA sin garantías mínimas.

El fallo de Rodriguez expone algo más que una disputa migratoria. El gobierno de Trump invocó poderes de guerra sin una guerra declarada, ignoró resoluciones judiciales y desafió abiertamente al sistema de frenos y contrapesos. El riesgo de una crisis constitucional ya no es un fantasma lejano: está presente en los expedientes y en los pasillos de la Corte.