Al comienzo de una semana clave para el Gobierno, con el paro de la CGT y el tratamiento de la Ley ´Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos´ a la vuelta de la esquina, distintas organizaciones y entidades sociales definieron de qué lugar de la vereda se van a parar, según sus intereses. El Mega DNU, que aún está en proceso legislativo y avanza también en la Justicia, es otro punto central del debate social y las organizaciones buscan llevar su visión también a la Corte.

En las últimas semanas, a pedido de la oposición, los legisladores invitaron a distintas organizaciones civiles para que se sumen al debate del proyecto de Ley Ómnibus, en un afán de tomar en consideración la opinión de los sectores sociales a la hora de definir las medidas. Pero además del debate parlamentario, presentaron recursos ante la justicia.

 

"Plan destructivo": en rechazo de la Ley Ómnibus y el DNU

Los que se posicionaron en repudio a las reformas fueron representantes de la cultura, del sector de inquilinos, de los productores de yerba mate, trabajadores de empresas que el gobierno aspira privatizar, representantes de las pymes, del sector de biocombustibles y de las cámaras empresariales de la industria pesquera, entre otros.

Además de anunciarse frente a los diputados en el marco de las reuniones de comisiones, optaron por emitir un documento firmado por más de 1.500 personalidades de distintos rubros, en el cual calificaron a estas medidas como "un plan destructivo".

“El Decreto 70/2023 es ilegal e ilegítimo, atenta contra los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector público, los consumidores y usuarios, los inquilinos, los deportistas, los industriales, los comerciantes, trabajadores de la cultura, además de poner en grave riesgo la soberanía nacional y el cuidado del ambiente”, resumieron en el documento.

En el, exigieron la derogación del decreto, el rechazo de todo el proyecto de ley, la anulación "de cualquier medida que atente contra los derechos y libertades democráticas", y la compensación económica a través de paritarias y "políticas sociales".

De las 35 páginas que conforman el documento, 32 corresponden a las firmas. Dentro de los refrendarios se encuentran el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado opositor Máximo Kirchner, líderes sindicales, miembros del CONICET, funcionarios de todo el país, médicos, artistas, y científicos particulares.

Otros sectores sociales también recurrieron a la justicia a través de la acción de amparo: la Asociación Civil por un Hogar en Argentina, farmacéuticos, viajantes de comercio, intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y legisladores de la oposición, entre otros, hicieron sus presentaciones bajo la presunción de inconstitucionalidad del decreto.

La principal fuerza opositora, que también acudió a la justicia laboral para suspender el capítulo IV del DNU, es la CGT. Además de presionar con un amparo y una medida cautelar, también organizó un paro general este miércoles 24 de enero en un llamado además contra el proyecto. "Esta ley se fundamenta en falacias para declarar la emergencia en todos los aspectos. No ataca privilegios, sino derechos, y debilita a los sindicatos", expuso el secretario general, Héctor Daer, frente a los diputados.

Los que apoyan el DNU quieren defenderlo ante la Justicia

En otro orden, la Bolsa de Comercio de Córdoba se presentó ante la justicia para ser tenido como tercero interesado en la interposición del recurso extraordinario que presentó el Estado para apelar ante el máximo tribunal la medida cautelar que suspendió la reforma laboral del decreto, bajo el argumento de que el caso afectaría intereses propios. Los jueces laborales Carlos Pose y Alejandro Sudera despacharon rápidamente el pedido, por "inaplicable a las acciones amparistas".

No fueron los únicos que quisieron meterse en el expediente de la CGT. El empresario Rodolfo Lujan María Llanos, quien tuvo un episodio de exabrupto en las reuniones de comisiones, se presentó en carácter de "amicus curiae" ante el mismo expediente. Este litigio implica ser "amigo de la corte": cuando un tercero interviene voluntariamente ante un tribunal para colaborar con la causa, aportando información. Esto solo se puede hacer ante la Corte Suprema de Justicia, y el tribunal debe aceptar el pedido.

Lo mismo hizo la Fundación Apolo Bases para el Cambio, y todos fueron desestimados por el juzgado laboral. "A todo evento, no cabe, sino destacar, que la presentación además resultaría extemporánea por cuanto la causa no se encuentra aun tramitando por ante la CSJN", resolvió Sudera.

La Unión Industrial Argentina (UIA), si bien tiene sus reservas, anticipó que también se presentará ante la Corte en carácter de "amicus curiae" para defender la reforma laboral. A pesar de haber emitido un comunicado en defensa del Capítulo IV del DNU, que todavía se encuentra en suspensión, la presentación brilla por su ausencia en el expediente de apelación.

Estas maniobras de las organizaciones, junto con otros militantes libertarios que también presentaron un escrito en el expediente de la CGT de 50 páginas en apoyo al DNU y en rechazo a la medida cautelar, de todos modos no son más que desahogos, por lo que no suponen verdaderas amenazas para la causa.

Por más que insistan con la presentación, es la Corte Suprema la que debe dar lugar a los pedidos y, dado que es la habilitación de la medida cautelar y no el amparo la cuestión apelada, difícilmente haya aportes sobre el fondo que den lugar en este caso.