La Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) se reunió este miércoles a las 16 para abrir una investigación sobre la designación de Diego Kravetz, exfuncionario del jefe de Gobierno, Jorge Macri, que ahora asumió como coordinador en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que comanda Sergio Neiffert. Quedó a cargo del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC).

Si bien no hubo asistencia perfecta, acudieron representantes de todos los espacios políticos que la integran. Entre los presentes se encontró el senador Martín Lousteau, presidente de la comisión; la senadora Mariela Coletta (ambos de la UCR); los diputados Leopoldo Moreau y Luis Tailhade (de UxP); la senadora Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut); el diputado oficialista Lisandro Almirón; y el diputado Cristian Ritondo (PRO).

La reunión se convocó a pedido de los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein (Encuentro Federal), quienes también asistieron como invitados. Además hubo una nota elevada por el Frente Patria Grande, presentes en el encuentro a través del dirigente Juan Grabois y el diputado Itai Hagman. 

Ambos pedidos, en esencia, cuestionaron la “integridad” del nuevo funcionario frente a la SIDE en base a cinco causas abiertas que denuncian situaciones de violencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La más reciente se dio a conocer el mes pasado, luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara vía X la incorporación de Kravetz al Gobierno libertario: se trata de un video en el que se lo ve al ex-viceministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires agrediendo a un menor reducido por la Policía Metropolitana por haberle, presuntamente, robado a su hijo.

“Nosotros expusimos los casos. Estoy gratamente sorprendido por la presencia del PRO y LLA, que escucharon atentamente. Presentamos hechos concretos. Hay un delincuente filmado in fraganti, que además es una persona que imputó falsamente a gente en la muerte de una niña para sacar un provecho político, ahora va a ser el tipo que maneja los Servicios de Inteligencia”, denunció Grabois a la salida del anexo del Senado, haciendo referencia, también, a otra de las causas que enmarcan la investigación: el Caso Morena -Kravetz, como intendente de Lanús en 2023, es señalado por haber responsabilizado a dos inocentes y haber acusado a la diputada Natalia Zaracho por encubrimiento-.

“Por supuesto, nosotros estamos sujetos a una decisión administrativa que está consumada. Sigue primando la presunción de Inocencia y corresponde escuchar a la otra parte. Hay una decisión de dictaminar pero no es vinculante. Hay cuestiones que no están probadas, sin sustentabilidad, se la mencionó a la diputada Zaracho pero no estaba porque está de vacaciones”, consideró Almirón, por su parte, el único miembro de La Libertad Avanza que concurrió a la reunión.

En principio, de la reunión resolvieron juntar pruebas y reunir todos los expedientes, incluido el material audiovisual, donde se constate fehacientemente que el flamante funcionario no es “idóneo” para el cargo. Además, pedirán conocer, de existir, otras causas en las que esté involucrado, pero no tienen planeado citarlo a Kravetz. De la investigación esperan emitir un dictamen que eventualmente puede ser elevado a las Cámaras, pero según pudo reconstruir BAE Negocios, en la reunión los legisladores plantearon que “no saben qué pueden hacer y qué no”, en lo que respecta a las facultades de la CBI, tras la reestructuración que efectuó vía DNU el gobierno de Javier Milei.

Este fue otro planteo clave de la reunión, que se suma al trasfondo judicial: el carácter informal de la designación de Kravetz, que se concretó recién este lunes a través de una resolución secreta, sin pasar por el Congreso, semanas después del anuncio de Adorni, que fue el 17 de diciembre. “Sin lugar a dudas este nombramiento que fue anunciado por mucha pompa por el vocero presidencial pero que tardó más de un mes en ver la luz, la reunión de esta comisión aceleró los tiempos”, destacó Paulón, tras el encuentro. Lo cierto es que, efectivamente, la resolución trascendió después de se haya convocado a la Bicameral de Inteligencia, pero aún así no es una designación formal.

Los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia deben ser aprobados por el Congreso pero, luego de una serie de DNUs -en el que se destaca, principalmente, el 614/2024-, el Gobierno reorganizó la institución y el rol de la Bicameral quedó desdibujado, según explicaron los legisladores. “Ya no hay necesidad de informar sobre los nombramientos porque cambió la normativa. Tampoco sabemos en qué lo designaron porque cambiaron el organigrama", reclamaron.

En ese sentido, todos coincidieron con que hay muy pocas probabilidades de dar marcha atrás con la designación y revertir el nombramiento. Dependerá de la comisión de Trámite Legislativo tratar los DNUs que hoy permiten que al sistema de Inteligencia lo diseñe el Ejecutivo, sin intervención parlamentaria.