Los sindicatos aeronáuticos presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra el gobierno nacional por violar principios de la libertad sindical y llevar adelante una ofensiva directa contra el derecho a huelga en el sector.
El documento fue entregado a la directora del Comité de Libertad Sindical de la OIT, Corinne Vargha, y describe “la política sistemática de avasallamiento de los derechos colectivos” impulsada por la gestión de Javier Milei, sostenida, entre otros puntos, en la declaración de la actividad aeronáutica como “servicio esencial”.
“Esta denuncia es fruto de un trabajo conjunto de todos los sindicatos aeronáuticos. No estamos solo defendiendo derechos laborales; estamos enfrentando un intento deliberado de eliminar el derecho a huelga en un sector estratégico para el país”, señaló Juan Pablo Brey, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

En cuanto a los pilotos, Pablo Biro, titular de APLA, consideró la presentación “un paso más en la defensa de los cielos argentinos, que se encuentran bajo el ataque del gobierno de Milei”.
Por su parte, Edgardo Llano, secretario general de APA, destacó “el accionar conjunto de la unidad sindical aeronáutica y el compromiso frente a los atropellos del gobierno nacional, para denunciar el ataque contra el derecho a huelga y la persecución hacia los dirigentes sindicales”.

Con el respaldo de la CGT, a través del secretario de Relaciones Internacionales de Azopardo, Gerardo Martínez (UOCRA), y de las centrales sindicales argentinas que participaron del debate en Suiza, los aeronáuticos enumeraron violaciones al Convenio 87 sobre libertad sindical. Apuntaron además al DNU 70/2023 y sus decretos reglamentarios, “que intentan, por vía administrativa, desmantelar garantías constitucionales”.
En ese plano, aseveraron ante la OIT que la Casa Rosada declaró unilateralmente a la actividad aeronáutica como “esencial”, sin fundamentos técnicos ni consulta sindical; intervino y reglamentó las asambleas sindicales, cercenando su libre desarrollo; promovió la criminalización de la protesta gremial, con denuncias penales a dirigentes por expresiones públicas y sanciones administrativas y económicas a las organizaciones.
El documento también recuerda que estas medidas se dieron en un contexto de despidos masivos, presión para aceptar retiros “voluntarios” y un fuerte deterioro del poder adquisitivo del salario.