La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha anunciado un cambio significativo en su política, permitiendo a las empresas cotizadas en Bolsa impedir que sus inversores presenten demandas colectivas.

Esta decisión, que marca un giro respecto a décadas de normativa respaldada por administraciones de ambos partidos, busca flexibilizar el cumplimiento legal y fomentar las Ofertas Públicas Iniciales.

Según el presidente de la SEC, Paul Atkins, el objetivo es "hacer las Ofertas Públicas Iniciales grandes de nuevo", eliminando requisitos que no aporten protección sustancial a los inversores.

El nuevo sistema permitirá a las empresas exigir un arbitraje para resolver las reclamaciones de los accionistas, alejando estos conflictos del sistema judicial. Esta medida se alinea con los esfuerzos de desregulación promovidos por el presidente Donald Trump, buscando minimizar la incertidumbre regulatoria y la complejidad legal de las operaciones. La decisión de la SEC podría transformar el panorama legal para los accionistas, quienes ahora deberán recurrir al arbitraje en lugar de los tribunales para resolver sus disputas.

El presidente de la SEC, Paul Atkins, ha enfatizado que esta medida busca aumentar el atractivo de las salidas a Bolsa, eliminando requisitos que no proporcionen una protección sustancial a los inversores. Según Atkins, esto "minimizará la incertidumbre regulatoria" y la "complejidad legal" de las operaciones, lo que podría incentivar a más empresas a cotizar en los mercados públicos. Sin embargo, esta decisión también ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inversores, quienes temen que el arbitraje pueda limitar su capacidad para obtener justicia.